Una de las principales promesas y de las tareas más fallidas de los gobiernos en casi todo el mundo ha sido la del combate a la marginación, que resulta en sí misma un antecedente de la violación de los derechos humanos fundamentales pues las carencias que enfrentan quienes no tienen acceso a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el empleo; están condenados a no poder ejercer sus derechos a la búsqueda de la felicidad, propiedad, libertad y la vida.
Probablemente, gran parte del fracaso en las políticas para erradicar la pobreza provenga de la falacia de que ser pobre es una cuestión monetaria. Toneladas de billetes y monedas se han destinado a “abatir” la pobreza en las regiones y en las familias. Lo efímero del paliativo resultaba en un fracaso doble, el pobre lo seguía siendo y el Estado asumía que había cumplido con su labor.
Luego se empezó a considerar, mucho más científicamente, que la pobreza era un problema relacionado con otras carencias, y el gobierno ofrecía como dádivas que se convirtieron en mecanismos de control, despensas, algunos servicios médicos, un poco de educación, pero la pobreza seguía y a menudo se incrementaba a partir de fenómenos naturales, problemas sanitarios y factores tan previsibles como el crecimiento poblacional.
Pocas veces en el discurso de combate a la pobreza se hablaba de derechos, y entonces el enfoque de la pobreza como una condición que los niega estaba ausente y la obligación del estado de garantizar todos los derechos para todas las personas, era convenientemente omitida del discurso y la acción gubernamental.
Otras omisiones, como la cometida por la administración de Cuauhtémoc Blanco que prácticamente canceló todos los programas sociales locales, podrían atribuirse a una combinación de indolencia para atender el flagelo de la pobreza, e ignorancia sobre la obligación que el Estado tiene con todos sus habitantes, especialmente con quienes, por tener más carencias, requieren de mayor auxilio.
Por eso resulta tan interesante la visión de la próxima administración gubernamental que encabezará Margarita González Saravia, quien seleccionó para la tarea de reducir y en su caso erradicar la pobreza a Silvia Hernández Salazar. Se trata de ver a la pobreza como un asunto de derechos, o de negación de ellos, y atenderla con el objetivo no de que la gente solamente eleve su ingreso, sino que adquiera primero una serie de satisfactores elementales, alimentación, salud, educación, empleo, vivienda, que puedan traducirse en “salir adelante” en un estado que ofrezca un piso parejo de oportunidades para todos.
El enfoque parece el correcto, aunque no hay evidencia empírica en el estado, donde muy poco se ha hecho al respecto, sin embargo, las experiencias internacionales parecen ser más exitosas que los modelos anteriores y sacar a los gobiernos del pasmo o el uso del combate a la pobreza como una herramienta de control electoral. Y eso ya representa en sí mismo un enorme avance para lograr lo que hasta hace unos años parecería una quimera social: la erradicación de la pobreza.
