Acostumbrados a ver los problemas de manera reduccionista caemos una y otra vez en el error de identificar cosas como, por ejemplo, la paz, en la ausencia de balazos, violencia y homicidios, y dejamos de ver que una de las principales causas de la ausencia de paz social es la corrupción.
Si volvemos a ser simplistas identificaremos a la corrupción solamente como el desvío de recursos, la compra de voluntades y, en el por de los casos, como una forma de manejarse en nuestro país, sin recapacitar en la grave erosión al tejido social que conlleva tener “vías rápidas” para la solución de problemas y para encontrar la riqueza, mientras las leyes guardan polvo colgadas en la pared.
Desde 1945, en la Constitución que le dio vida a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se considera a la paz no sólo como la ausencia de guerra, sino también la existencia de justicia social, dignidad y equidad en la vida. Así, la paz duradera se construye desde el interior de las sociedades, y factores como la justicia, la transparencia y la equidad son esenciales para su consolidación.
Es por eso que el cargo de Fiscal Anticorrupción que recientemente asumió Leonel Díaz Rogel, debe verse como estratégico para el desarrollo de las condiciones necesarias para una vida digna en nuestro estado y el combate de aquello que lo carcome de manera invisible.
La corrupción representa una traición continua al contrato social. No hace estruendo como las armas, pero es un conflicto en sí misma: una batalla silenciosa que mina la confianza, corroe la equidad, amplifica la impunidad y vulnera el Estado de derecho y ataca la legitimidad del gobierno, descomposición peligrosa en contextos de alta desigualdad, donde los más vulnerables sufren doblemente cuando se les escatiman los pocos recursos que se les dedican.
Así, la paz social no puede consolidarse en un entorno donde la corrupción es tolerada o normalizada y a la que solo se le combate de manera testimonial, pues no ha ocurrido otra cosa en Morelos si se consideran los resultados de la Fiscalía Anticorrupción que se detallan más adelante.
Por su parte, la ciudadanía cada vez demanda mayor acción de una manera muy clara, de otra forma no se podría entender el aumento en las denuncias de presuntos actos de corrupción. La ciudadanía, el pueblo tan manoseado, parece haberse dado cuenta de que la paz sólo germina cuando los ciudadanos creen en la justicia, cuando el Estado se muestra como garante de derechos y no como aparato de privilegios, y cuando los gobiernos se rigen por la rendición de cuentas.
Erradicar la corrupción es más que un deber legal: es un acto de justicia social, una condición para la paz, y una deuda con las víctimas del abuso de poder. Morelos no puede aspirar a una convivencia pacífica mientras el 95% de los casos de corrupción continúen sin sentencia. El combate a la corrupción es una genuina tarea de Estado, erradicarla no es simplemente una cuestión de legalidad, sino una acción profundamente ética y civilizatoria.
