Por mucho tiempo en los círculos políticos de Morelos hubo una especie de presunción sobre la inocencia del exgobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, respecto de muchas de las irregularidades y probables actos de corrupción que habrían cometido funcionarios públicos y personajes que, abusando de su cercanía con el mandatario, aprovecharon el poder para cometer múltiples y diversas faltas. Se asumía que el gobernador era una persona buena, pero otros sujetos se aprovechaban de su ignorancia sobre el servicio público para toda clase de fechorías. La documentación que ha logrado conseguir La Jornada Morelos demuestra que tal idea era falsa y que el titular del Ejecutivo supo con antelación por lo menos de tres casos de personas que cobraban sin trabajar en la propia oficina de la gubernatura a quienes no solo evitó dar de baja y sancionar, sino que mantuvo en la nómina por muchos meses y en un caso hasta ascendió en un lapso menor de tres años.
A Cuauhtémoc Blanco se le informó por medio de una tarjeta de que tres personas dos de ellas con parentesco directo y una más con vínculos de amistad con su hermano, Ulises Bravo Molina, fueron insertados en la nómina de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura donde, según el documento, cobraban sin trabajar, situación que, para noviembre del 2020, fecha de la comunicación, ocurría desde hacía poco más de un año. El mandatario no tomó acción alguna, como demuestran las consultas en la Plataforma Nacional de Transparencia, de las que de cuenta la nota que publica hoy La Jornada Morelos.
También sabía, el hasta hace poco más de tres semanas gobernador de Morelos, de la denuncia presentada por René Fujiwara, quien desde el 2019 denunció a Ulises Bravo por amenazas ante la Fiscalía; y de las que se hicieron en el Congreso sobre la intromisión de su hermano en la política interna del estado, de las presiones que recibían los legisladores y de las acusaciones que hacían sobre nepotismo, tráfico de influencias, y aviadurías en la Oficina de la Gubernatura, de la que su hombre de confianza entonces, José Manuel Sanz, había perdido el control. Todo ello le era notificado en reportes directos. Lejos de sancionarlo, lo fomentó.
Blanco Bravo no tuvo un hermano incómodo, porque Ulises recibió, según apunta toda la evidencia, la tolerancia del gobernador, quien incluso fomentó su activismo al interior del gabinete y su operación política hacia afuera que derivó en la “compra” de diputados y alcaldes, en la toma de Morena, y en irregularidades múltiples en el servicio público que poco a poco se han ido descubriendo y comprobando.
Según toda la evidencia disponible, el gobernador no era un sujeto ausente, una persona de buenas intenciones a quien engañaban sus cercanos para aprovecharse del poder, sino un participante (por lo menos por omisión) consciente de lo que ocurría a su alrededor, en su despacho, y que lo toleró, lo fomentó y hasta llegó a premiarlo. Difícilmente podría creerse ahora que ignoraba, el gobernador, los otros hechos de probable corrupción que, desde diversas dependencias, se utilizaron para beneficiar y construir el poder real que Ulises Bravo tuvo dentro del gabinete, en los partidos Morena y Encuentro Social, y en muchos sectores de la política morelense. Lo supo y lo consintió y eso lo vuelve corresponsable.
