Aunque en otros estados y países se han dado avances importantes para erradicar la violencia contra las mujeres, Morelos parecía, hasta hace unas semanas, aplicar un manual para no hacerlo y, por el contrario, acrecentar, perfecciones y hasta institucionalizar las formas de agresión contra ellas.
En la marcha con que colectivas y víctimas indirectas de feminicidio y desaparición forzada conmemoraron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, madres de desaparecidas y asesinadas en Morelos dieron testimonio, no sólo de la crueldad que sus hijas enfrentaron por parte de los perpetradores impunes de la violencia que las victimó, sino de los afanes institucionales por criminalizarlas y culparlas de las agresiones de que fueron objeto.
Cada testimonio dio fe de autoridades inoperantes, indolentes, o acostumbradas a hacer sólo el mínimo esfuerzo frente a las enormes necesidades que tienen las víctimas, directas e indirectas, de cada uno de los casos que provocan los criminales y perpetúan las autoridades que se suponen responsables de combatirlo.
Las demandas diarias de justicia por parte de las mujeres de Morelos son mayores a las de cualquier otro sector víctima de la inseguridad que aún domina al estado como una herencia maldita de las anteriores administraciones gubernamentales. Ellas padecen, además de la tragedia en los hechos la ausencia de los derechos más elementales, de las respuestas urgentes que las mantienen en insomne angustia. Son revictimizadas y hasta criminalizadas por una autoridad que las señala como para evitarse la complicación de hacer su trabajo, de empatizar con el dolor y la pérdida.
Mientras las dolientes marchaban a la plaza frente a Palacio de Cortés, a pocos kilómetros la gobernadora, Margarita González Saravia reiteraba su plan de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Un proyecto que va desde la educación hasta la mayor sanción posible a los casos de agresión, de cualquier tipo, en contra de ellas. El proyecto incorpora el saber de años de experiencia de colectivas feministas, las experiencias más amargas de las víctimas, y la voluntad política del poder Ejecutivo para erradicar las violencias, especialmente las que se dan contra las mujeres.
La propia gobernadora, sin embargo, reconoce que para el éxito se requiere de toda la sociedad y sobre todo, de un cambio en la óptica con que las instituciones han enfrentado históricamente la violencia de género. Y aquí es donde todo parece complicarse porque en el marco institucional se involucra no solo al Ejecutivo, que parece mostrar convicción parea aplicar la perspectiva de género en todos sus procesos; sino también a órganos que le han fallado a las mujeres, como la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas y (paradójicamente) el Instituto de la Mujer; y, más complicado aún, al poder Judicial, cuyas juzgadoras y juzgadores no han sido especialmente hábiles en la aplicación de la justicia para las mujeres, como evidencian los casos impunes de violencia de todo tipo, incluida la vicaria; y a la Fiscalía General del Estado de Morelos, cuyo titular y subalternos han sido cada vez con más frecuencia señalados por acciones y omisiones en contra de las mujeres víctimas.
“Necesitamos cambiar la Fiscalía, porque de plano no avanzamos”, advierte la gobernadora en una idea que podría hacerse extensiva a muchos más organismos públicos, basta escuchar a las mujeres que han sido sus víctimas.
