Las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo, en Morelos y el resto de México suelen tener una carga de recurrencia que lejos de volverlas menos valiosas, evidencia que la esencia de los problemas laborales es exactamente la misma: una realidad de explotación y discriminación de miles de trabajadores que se repite aún cuando las circunstancias de éstas parezcan haber cambiado profundamente.
Cierto que ya son muy poco frecuentes prácticas como los castigos corporales a los trabajadores y que en términos generales las condiciones de los espacios de trabajo han mejorado sustancialmente en las últimas cinco décadas; pero también es evidente el bajo ingreso de la mayoría de los trabajadores y un conjunto de condiciones que derivan en parte del muy escaso crecimiento económico del país, y particularmente de Morelos; pero también en muchas ocasiones de la reproducción intencionada de patrones de abuso contra los trabajadores, y en otros casos de la escasa calidad del trabajo realizado, que disminuye sustancialmente el valor transformador de sus jornadas.
En el caso de Morelos se siguen identificando, además de un muy frecuente “escamoteo” de prestaciones laborales; condiciones de bajo ingreso por el trabajo realizado que coloca a casi la mitad de los trabajadores morelenses en condiciones de pobreza laboral. En este indicador, la entidad es la quinta peor en el país.
También deben reconocerse las bajas condiciones para la productividad. A pesar de que en muchas grandes empresas de reconoce la excelente calidad de los trabajadores morelenses, en términos generales el estado es el noveno peor en productividad en gran medida debido a las escasas condiciones de la planta productiva, la falta de inversión en capacitación, herramientas y tecnologías adecuadas, entre otras causas.
Si bien el actual gobierno parece tener una alianza y compromiso mucho más serio y activo con los trabajadores de Morelos, lo cierto es que las condiciones estructurales, el escaso crecimiento económico, y la herencia de décadas de abandono a la clase trabajadora y sus potencialidades de crecimiento y desarrollo, son un pasivo extraordinario para cualquier administración; mucho más cuando cientos de micro y pequeños empresarios fincan su relativa prosperidad en la explotación de los trabajadores, y las empresas medianas y grandes no han recuperado la confianza suficiente para inversiones de gran calado que contribuyan a empleos de mayor calidad.
El reto para los gobiernos en esta materia, que parece haberse entendido y empieza apenas a atenderse es fortalecer las condiciones para que las empresas de todos los tamaños tengan la capacidad, voluntad y compromiso para ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores. No se trata de un planteamiento antieconómico, al contrario; mientras mejores ingresos tiene la clase trabajadora, el mercado interno logra mayor movilidad y se genera un mayor crecimiento, lo que inicia un círculo virtuoso que fortalece el empleo de calidad, la producción y el consumo.
Para ello es urgente que la parte de la iniciativa privada morelense que aún no lo ha entendido (desgraciadamente más de la mitad), entienda que ser empresario es mucho más que comprar algo en dos pesos y venderlo en 200. El empresariado en el estado tiene también una responsabilidad social que debe empezar a asumir para que la economía crezca y les vaya mejor a ellos, a sus trabajadores, y al estado.
