Desde octubre de 2023 el Congreso de Morelos ha recibido no una, ni dos, sino al menos cuatro notificaciones judiciales que le ordenan derogar los artículos del Código Penal estatal que criminalizan el aborto voluntario.
La más reciente notificación para que los diputados morelenses asuman lo que ya dispone la Constitución federal modificando las leyes locales dispuesto proviene del Juzgado Noveno de Distrito el cual resolvió en el amparo promovido por una organización civil que varios artículos del Código Penal local son incompatibles con la máxima ley de la nación.
El Congreso, para evitar cumplir con la sentencia, recurrió a un pueril recurso dilatorio: una solicitud unánime de “aclaración” sobre cómo proceder. No se trató de ignorancia jurídica, sino de una táctica política para no comprometer votos en un tema que divide, aunque jurídicamente está resuelto.
Los diputados no tienen argumento porque internamente no hay ley superior que la Constitución federal y su apatía, descuido o ignorancia simplemente hacen que perviva un anacronismo legal que vulnera los derechos de las morelenses.
No tienen que debatir, no tienen que opinar, no tienen que discutir, simplemente una ley local no puede ir a contrapelo de la federal que, por cierto, se reformó después de que la mayoría de los congresos locales votaron a favor de que así fuera.
En enero, una nueva notificación judicial reiteró que los legisladores no tienen margen de discrecionalidad: deben derogar los artículos. Desde entonces, han sucedido reuniones fallidas, promesas sin sustancia y sesiones sin contenido. El 8 de abril de este año, el Congreso sesionó y validó otras reformas, pero no abordó la despenalización del aborto. Ni siquiera se convocó a las comisiones competentes. Y ni siquiera les importó hacerse acreedores de una multa de 11 mil 314 pesos por desacato.
El silencio no es neutral. La inacción frente a una orden judicial no es inocua. El Congreso de Morelos no solo desobedece un mandato legal, sino que obstaculiza el ejercicio de derechos fundamentales, lo que puede traducirse en responsabilidad jurídica, política y ética.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara: penalizar el aborto de forma absoluta es inconstitucional. Ha establecido, además, que las mujeres no pueden ser criminalizadas por interrumpir un embarazo. La resolución del juzgado noveno en Morelos es coherente con ese criterio.
Es importante recordar que la despenalización no obliga a nadie a abortar, pero garantiza que quien lo decida no sea criminalizada. Despenalizar es un acto de justicia, no una imposición. Es una garantía de autonomía, salud y dignidad para las mujeres y personas gestantes.
El diccionario define la palabra “pusilánime” como “falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas”, y pocas veces se ve un ejemplo tan claro como en la LVI Legislatura, la cual ha incurrido en una estrategia de evasión institucional que podría calificarse, sin exagerar, de desacato y, más allá, de irresponsabilidad con las morelenses a quienes dejan en el limbo de la incertidumbre legal.