Si la fe que colectivas feministas, observadores de la política y en general de la sociedad morelense sobre el probable desafuero del exgobernador y hoy diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo era débil cuando estaba en la Sección Instructora; la esperanza de que algo ocurra ahora que el dictamen que desecha la solicitud de procedencia por el delito de violación en grado de tentativa será turnado al pleno de la Cámara de Diputados es bastante menor.
La idea de una protección extrajudicial a Cuauhtémoc Blanco para que mantenga el fuero de que ha gozado, casi ininterrumpidamente desde que rindió protesta como gobernador, se ha generalizado probablemente de manera injusta. Por lo menos hay tres voces de diputados federales de Morena (el partido al que se adhirió Blanco Bravo en el 2022, y que abanderó como candidato a la diputación federal), que se han pronunciado porque le sea retirado el fuero, Meggie Salgado Ponce, Alfonso Ramírez Cuéllar quien desde la tribuna pidió al exmandatario a renunciar al fuero constitucional para enfrentar las acusaciones en su contra, y el yautepequense adversario político de Blanco Bravo, Agustín Alonso Gutiérrez.
La posición de Meggie Salgado es la más interesante no sólo porque es mujer, además es morelense. Para la diputada, la Sección Instructora no aplicó la perspectiva de género al revisar el expediente, lo que se traduce en que los tres legisladores que votaron en contra de la procedencia del desafuero no creyeron en la víctima del probable delito de violación en grado de tentativa y valoraron su testimonio como inconsistente.
La perspectiva de género en el Derecho es fundamental para dar justicia a las mujeres, especialmente en casos de agresiones de cualquier tipo; pues considera que, dado el impacto que puede provocar el procesamiento legal de una agresión -más cuando es de naturaleza sexual- la declaración de la víctima debe valorarse en ese contexto, frente a lo que adquiere mayor valor probatorio que otras testimoniales, y puede esperarse que en sus acusaciones la víctima presente algunas inexactitudes.
Para algunos especialistas, la Sección Instructora pudo haberse excedido el tratar de ver el fondo de las acusaciones y no limitarse a determinar si existía la posibilidad de la comisión de un delito y si el expediente entregado por la Fiscalía General del Estado para intentar procesar a Blanco Bravo era sólido formalmente. Aunque también queda la posibilidad de que la Fiscalía morelense, a cargo entonces de Uriel Carmona Gándara, haya incumplido con una investigación sólida.
Adelantándose a ello, el fiscal de Morelos, Édgar Maldonado Ceballos, advirtió que el caso no está cerrado y, por el contrario, se iniciará una revisión de las actuaciones de funcionarios de la Fiscalía para determinar si quienes actuaron en el caso cometieron errores, incompetencias o vicios y sancionarlos en su caso. También aclaró que cuando a la fiscalía ya a su cargo le fue solicitada información por la Sección Instructora, se entregó todo lo que se había solicitado.
Dos datos permiten tener alguna esperanza de que la justicia para la probable víctima en este caso se verifique: primero el que la Fiscalía General de Morelos esté dispuesta a revisar las actuaciones en el proceso y seguir admitiendo elementos de la parte acusadora; y segundo el que al llamado de Meggie Salgado ya se hayan sumado otras diputadas de Morena, además de algunas de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, para juntar un bloque con las 251 diputadas federales (que constituyen una mayoría simple) que vote en contra de desechar la solicitud de procedencia.
En caso de no lograrlo, por cierto, la víctima mantendrá sus derechos a salvo y el caso se mantendría vivo aunque detenido en la Fiscalía General de Morelos.
