Si algún día se quiere combatir la inseguridad en nuestro estado se deberá contar con una eficiente investigación de los delitos y con una real impartición de la justicia; sin nadie que lleve a los delincuentes ante la justicia y sin jueces que sepan emplear la ley para lo que es, no llegaremos muy lejos.
Esperar que se detenga in fraganti a todos los criminales es una ilusión y, aunque así fuera, una vez que fueran presentados al juzgado tendrían muchas posibilidades de salir sin mayor problema pues, tal y como estamos, se castiga a los jueces que hacen su trabajo y el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado presiona a los magistrados para que liberen a los indiciados.
Por su actitud y desempeño, Jorge Gamboa Olea, actual Presidente del TSJ, suma día con día agravios, tantos, que desde hace más de un año diversas organizaciones civiles, de profesionales y hasta sus pares en el mismo Tribunal, han pedido su destitución, por lo que él tuvo que recurrir a un amparo para evitarla. En cambio, y desoyendo a todos, la Cámara de Diputados le obsequió una ampliación en el cargo, que debió abandonar este año. Dicha ampliación y el “retiro dorado” para los magistrados -impulsada y luego torpedeada por el propio Magistrado Presidente- no solo fue motivo de diversas inconformidades, sino también es otra mancha para el desempeño de la LV Legislatura.
Ayer publicamos el testimonio de la jueza Nanccy Aguilar Tovar, destacada penalista conocida por muchos abogados morelenses como “la jueza de hierro” por su nula inclinación a doblar la ley, quizá por eso -o por su materia, la penal- no es de las simpatías del Magistrado Presidente quien, para librarse de ella no solo la cambió de materia -a la civil- sino que intentó radicarla a una plaza en donde no había, en el organigrama del Tribunal, esa especialidad, pero que estaba a cuatro horas de camino del domicilio de la jueza.
De esa manera el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos ha hostilizado a otros jueces que no comulgan con sus muy personales intereses; cabe recordar que Gamboa Olea incluso ha sido señalado por los propios magistrados de presionarlos para que actúen a favor de los indiciados, como fue el caso del magistrado -ahora en retiro- Iván Arenas quien se negó a liberar a El Diablo, notable criminal de Huitzilac sospechoso, entre otras cosas, del feminicidio y multihomicidio de los colaboradores del Instituto Nacional de Salud Pública que impactó a los morelenses hace unos meses.
Por algo será por lo que a Gamboa Olea le gusta rodearse de incondicionales, como fue el caso del nombramiento de su esposa como magistrada, como la jueza que le extendió el amparo para evitar su destitución promovida en el pleno del TSJ o como la otra jueza que liberó finalmente a El Diablo por supuestos errores en la consignación realizada por la Fiscalía.
Pero el caso es que con Aguilar Tovar se topó con hueso y ella ha recurrido a las instancias legales en su defensa, cosa que, desde luego, tiene sin cuidado al Magistrado Presidente quien no solo ha apelado y desatendido los fallos en su contra sentando otro grave precedente, sino que ha buscado nuevas formas de continuar hostigando a la “jueza de hierro” quien no ha hecho otra cosa que hacer bien su trabajo.
Resulta ilustrativa toda esta historia sobre todo cuando nos preguntemos las razones por las que la impunidad y la inseguridad siguen escalando en nuestro estado.