De poco sirvieron los llamados de legisladoras, incluso de Morena, a sus pares para votar por que se regresara el dictamen de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para continuar el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, diputado federal y exgobernador acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana. Al final, una amplia mayoría, 291, votaron por desechar el dictamen con lo que el proceso se concluyó.
Y aunque el exgobernador se haya comprometido con sus compañeros de bancada a acudir ante la Fiscalía y los tribunales de Morelos para comprobar lo que él llama su “inocencia”, lo cierto es que la protección del fuero lo haría invulnerable incluso a diversas técnicas procesales que le dan una enorme ventaja sobre otros acusados de delitos, pero más sobre su presunta víctima.
Quienes apoyaron ayer a Cuauhtémoc Blanco en el Congreso de la Unión no creyeron a la víctima, para ellos reducida a denunciante, se pronunciaron a favor de un dictamen que habían recibido apenas horas antes y perpetuaron el pacto patriarcal que protege a los probables agresores de mujeres.
En ese pacto participaron incluso legisladoras federales morelenses que previamente habían defendido en otros asuntos y desde otras trincheras a Cuauhtémoc Blanco. Una de ellas fue Sandra Anaya Villegas, quien de alguna forma le debe su carrera al exgobernador, con quien fue secretaria de Administración del gobierno estatal; la otra, Ariadna Barrera Vázquez, quien como legisladora local también formó un bloque de defensa al entonces gobernador. Las dos incluso se pararon junto a Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, cuando leyó el dictamen que liberó a Blanco del desafuero.
En cambio, las diputadas Meggie Salgado (Morena) y Cindy Winkler (PVEM), votaron en contra del polémico dictamen cuya sustancia excedía las atribuciones de la Sección Instructora que prácticamente declaró inocente a Blanco Bravo. Junto con ellas votaron en contra del acuerdo Juan Ángel Flores, Agustín Alonso (ambos de Morena) y Adrián Martínez Terrazas (PAN).
El mensaje que al final dio la Cámara a miles de mujeres morelenses víctimas de agresores fue de una rudeza innecesaria: a final de cuentas están solas. La Cámara no entendió que el probable crimen se cometió en Morelos, un estado líder en violencia feminicida, donde las a violaciones siguen aumentando en número y todos los días se registran decenas de agresiones graves contra las mujeres.
La contundencia de ese contexto no fue percibida por quienes votaron a favor de desechar el proceso de desafuero; aunque superaba con mucho el alegato de presunción de inocencia esgrimido en contra de quien, aún fuera de ese expediente, ha dado muestras constantes de ser agresor de mujeres, además de otros defectos de carácter y vicios en la práctica de la política y la administración pública.
El tema quedará ahora en manos de la Fiscalía General del Estado, que podría volver a intentar procesar a Blanco Bravo por la misma vía, con una carpeta mejor integrada para no permitir que haya pretexto alguno a quienes hoy para no perdonar al exgobernador lo dejaron impune una vez más. Una impunidad de que goza desde hace tiempo en muchos otros casos y que le permite mantenerse como la clase de ejemplo de cómo no debería ser la política en Morelos y en México.