Si bien deben reconocerse mejoras sustanciales en la seguridad pública de Morelos durante los últimos meses, también resulta urgente alertar sobre el dramático incremento del número de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos en Morelos durante el primer trimestre del año.
Sólo entre enero y marzo de este año, 55 niñas y niños han sufrido homicidios culposos y dolosos, trata de personas, corrupción de menores, lesiones dolosas y culposas, y otros delitos contra la libertad personal o la vida e integridad corporal. Por sí misma, la cifra es mayor que la registrada en seis de los diez años anteriores, y está a solo cuatro del total de delitos cometidos contra niñas y niños en Morelos durante todo el 2024, reconocido como el año más violento en la historia reciente.
A esta cifra tendrían que sumarse los cientos de casos que los hospitales atienden de menores de 17 años víctimas de lesiones en los que no se reporta un responsable de los hechos, para entender la urgencia que tienen la niñez y adolescencia de Morelos de una protección mayor y específica.
Un problema que no debe desdeñarse es que la mayoría de las agresiones contra menores son cometidas en el ámbito familiar, lo que puede complicar mucho las acciones de vigilancia sobre los menores; tampoco ayuda el que pocas veces los casos de violencia contra los menores son detectados o reportados por los planteles escolares, y mucho menos la falta de esquemas sólidos para el tratamiento de la violencia infantil en la mayoría de los municipios del estado.
Por más que se deban reconocer los esfuerzos de un renovado Sistema de Protección para las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en Morelos y el respaldo que ha tenido con creaciones de instancias de protección municipales, lo cierto es que las cifras evidencian la insuficiencia del esquema por el que el Estado puede brindar protección a las infancias y adolescencias. La capacidad de respuesta institucional a los menores debe ampliarse, pero también fortalecerse para que no quede en una instancia de conteos de desgracias y promoción de cursos a los que no suelen asistir quienes más los requieren, es decir, los violentadores.
Tampoco tendría que caerse en la tentación de crear una fuerza especializada para atender delitos contra la niñez y adolescencia. La policía rosa, o de género, que se habilitó hace unos años y que pretendía atender exclusivamente casos de violencia contra las mujeres no tuvo mayor efecto. En cambio, convendría considerar capacitaciones a los policías para interactuar con los menores en situación de vulnerabilidad.
Y por supuesto, la más urgente de las medidas es la intervención en las familias. Los proyectos de escuela de padres, la cercanía de las comunidades escolares con las familias, la promoción de actividades comunitarias en las escuelas permitiría identificar muchos de los detonadores de violencia para prevenirla y atenderla puntualmente. Para ello las escuelas deben volver a ser los espacios seguros que fungían como los centros comunitarios por excelencia, lo que significa mejorarlas profundamente y también reforzar las condiciones de trabajo y autoridad de maestros y administrativos.
Lo que urge realmente es trazar un nuevo pacto por las infancias y adolescencias, en que todo Morelos se involucre para proteger a quienes son los más vulnerables.
