La situación en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos ha escalado ya a un nivel insostenible. El enfrentamiento que viven la mayoría de los magistrados con el presidente del Poder Judicial en el estado ha escalado a niveles que vuelven imposible su solución y las suspicacias han subido de tono al grado que se solicitó ayer la presencia de agentes de la Fiscalía Anticorrupción para evitar que se diera trámite a una sesión.
En tanto, la sombra de la corrupción y la probable complicidad de jueves con presuntos delincuentes alimentan las denuncias públicas de la ciudadanía que ya se empezarán a atender en la Mesa de Seguridad, donde se buscará también identificar probables actos de corrupción de los juzgadores.
El pleito entre los magistrados es mucho más grave porque afecta la toma de decisiones urgente para limpiar al máximo tribunal del estado no solo de las sospechas, sino de los hechos de corrupción que no han sido evitados, investigados ni sancionados por quienes deben hacerlo; también ha entorpecido el urgente rediseño institucional para acercar la justicia a las víctimas, agilizar los procesos, transparentar las determinaciones y garantizar la necesaria contribución de los impartidores de justicia a la paz en el estado.
Mucho peor es que el enfrentamiento no tiene una solución con dos facciones que están enfrentadas y mantienen posiciones irreductibles porque ambas aseguran (con buena o mala fe) tener la razón jurídica. Si hacemos caso a los dichos de las partes, nadie en el Tribunal Superior de Justicia trabaja realmente por los justiciables, y en los dos grupos hay expedientes de gravísima corrupción que deberían ser sancionados no solo con su retiro delo servicio público.
Resulta evidente que la presidencia actual, en manos de Luis Jorge Gamboa Olea es insostenible política y socialmente; el magistrado perdió hace mucho tiempo el respaldo del Pleno y ello le ha hecho incurrir en actos de autoritarismo contra sus pares, trabajadores y hasta justiciables. El entramado jurídico y la protección que ha buscado durante los últimos meses han servido para mantenerlo al frente de un Poder Judicial que hace mucho le perdió la confianza y el respeto al grado de referirse a él como “la persona que se ostenta como presidente”. Pero también es notorio que Gamboa Olea no se irá del Tribunal por voluntad propia.
En este escenario, parece que la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo para restablecer el orden jurídico en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos es imperativa. No se trata de una intromisión en la vida interna de otro poder, sino del rescate del Judicial, urgente para que los morelenses restablezcan, por lo menos un poco, la fe en el sistema de impartición de justicia, perdida por la mayoría hace tiempo, pero que en los últimos años ha alcanzado a prácticamente todos los justiciables.
Para que el Poder Judicial funcione en el estado requiere de decisiones que hagan a la gente recuperar la confianza en que los jueces y magistrados actuarán siempre conforme a la ley, con todos los matices que impone el respeto a los derechos de las víctimas, de los inculpados, de la sociedad en general. Para ello es necesario que la cabeza, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, tome las decisiones necesarias y correctas desde el diseño del sistema hasta la asignación de jueces y la supervisión de sus resoluciones. Un Pleno roto, un presidente sin legitimidad, perpetúan las dudas sobre cada decisión que se tome cada juzgador. Luis Jorge Gamboa debe irse.