La primera reunión formal entre la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos y la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal no habría sido sencilla de no ser por la enorme voluntad mostrada por las partes para construir consensos.
De un lado, se presentó un paquete económico que busca elevar la recaudación con el incremento y la creación de nuevos impuestos que, según las primeras proyecciones, generarían ingresos por 468 millones de pesos al gobierno estatal. Enfrente la posición de los legisladores que piden mesura para evitar un golpe a los bolsillos de los contribuyentes que resultara contraproducente reduciendo la base gravable y aumentando la informalidad de empresas y trabajadores. En medio, la intención conjunta de lograr acuerdos mediante los ajustes necesarios que, sin perder de vista la meta de una mayor recaudación, aminoren el impacto que esto tendría sobre la economía local que requiere de muchos incentivos para empezar a crecer por primera vez en más de seis años.
La discusión no es simple y para muchos es la primera amenaza real de distanciamiento entre la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia, y la LVI Legislatura. Lo sería de no existir una diferencia sustancial entre la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de hoy, con las que se presentaron durante las administraciones de Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez, en las que se oprimía el disenso, la crítica ofendía y los proyectos se presentaban como métodos únicos para evitar la debacle del estado, que de todas formas ocurrió paulatinamente.
Aunque no necesariamente se preveía un escenario de tanta complejidad en la discusión del paquete económico, la nueva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se fue tejiendo incluso desde antes de la toma de protesta de la gobernadora. Los acercamientos y el diálogo han sido permanentes y eso ha contribuido a la identificación de objetivos comunes entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso y el Ejecutivo estatal. Justo son esas metas compartidas las que han impedido que el diálogo se rompa y que los diputados formen un bloque de contención, como se hizo en el pasado, que frene la posibilidad de tener consensos en la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
Si a ello sumamos el diálogo de pares que se vio este viernes entre los poderes, la disposición para explicar, preguntar, corregir, proponer, revisar y volverse a reunir todos con la tarea hecha, la probabilidad de un consenso en torno a las partes más delicadas del paquete económico, incluyendo algunos impuestos, es muy alta.
Conforme todo apunta, el Legislativo autorizaría el aumento al impuesto a la nómina, la contribución de las plataformas de hospedaje, el que se pondría a la venta de bebidas alcohólicas salvo en hoteles y restaurantes, y algunas partes de los impuestos ecológicos, particularmente los que paliarían los riesgos graves de daño ambiental; y dejaría para años posteriores los llamados impuestos cedulares, los impuestos por la disposición de residuos sólidos que afectarían las finanzas de los ayuntamientos, y algunas otras contribuciones. Además, no se opondría al cobro de la tenencia como medida sancionatoria a quienes se atrasen en el pago de refrendo vehicular. A cambio de ello pedirá, eso sí, una mayor disciplina en el ejercicio del gasto corriente y la garantía de que los recursos del presupuesto se aplicarán verdaderamente mejorar la obra y gestión gubernamental.
Si las cuentas salen bien a los dos poderes, es muy posible que haya acuerdos importantes desde la próxima semana pues, aún con la propuesta de los diputados, la recaudación en Morelos se incrementaría significativamente con lo que se cumpliría el reto de recaudar más sin colapsar la economía formal. La próxima reunión entre las partes promete ser mucho más interesante entonces.
