Falsa y recurrentemente atribuida a Albert Einstein, la frase “locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”, sirve para ilustrar los peligros de la necedad en personas e instituciones que utilizan los mismos o similares métodos para intentar, sin éxito, resolver problemas diversos. Se trata de una oposición a la virtuosa tenacidad que nos lleva a seguir intentando, y la única diferencia parece radicar en que mientras ésta logra pequeños avances de vez en vez, la necedad siempre topa con pared.
El Congreso de Morelos, instancia última para definir los decretos pensionatorios y jubilatorios de los trabajadores al servicio del estado de Morelos y los órganos autónomos, registra un rezago de alrededor de 2 mil 700 trámites, un retraso heredado de años que lesiona los derechos de quienes han dado su vida al servicio público y en su mayoría optaron por el retiro dada su avanzada edad o su larga carrera.
En el Legislativo, hay una comisión responsable de resolver los dictámenes en esta materia, la de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, que al resolverlos los turna al pleno para su aprobación, algo que, salvo casos de evidente falla o abuso, suele ser un trámite muy simple. En cada sesión del pleno suelen incluirse una decena de dictámenes de pensiones que con aprobados en su gran mayoría. La comisión está a cargo, desde hace casi cuatro años, de la misma persona, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz (además coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo), quien, paradójicamente, sería también la directamente responsable de los rezagos que afectan los derechos de los trabajadores.
Los problemas de la comisión no parecen reducirse solamente a la aparente falta de capacidad para dar trámite a la enorme cantidad de jubilaciones que se habrían acumulado en los últimos cuatro años a razón de casi cuatro diarios (considerando cuatro años de 260 días hábiles).
Hay otros asuntos que debieran preocupar a la LVI Legislatura, y a la sociedad, que muestran otros riesgos por las prácticas de la comisión. El primero de ellos es la cantidad de errores legislativos que han obligado a llevar juicios de amparo o de inconstitucionalidad sobre decretos pensionatorios en los que la comisión del Trabajo ha omitido dotar de las previsiones presupuestales, o la ruta de cobro para los beneficiarios de ellos; en otros casos, la lentitud de las resoluciones, o el cálculo inadecuado de los montos de pensiones obligó a los trabajadores que solicitan jubilación a recurrir a amparos que deben resolverse en el Congreso.
En contraste, la comisión del Trabajo ha sido especialmente ágil en la resolución de dictámenes para la jubilación o cesantía por edad avanzada de exfuncionarios del gobierno estatal ubicados en las partes más altas del tabulador salarial. Fue la comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LV Legislatura la responsable de tramitar las pensiones para Israel Calderón Reyes, ex jefe de la oficina de la gubernatura (un cargo con el que se jubiló a pesar de haber estado solo unos meses en el cargo), y de Eduardo Galaz Chacón, quien tramitó su pensión por edad avanzada. Los dos decretos se publicaron a fines de septiembre pasado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 6347, y otorgan a sus beneficiarios el 75% del último salario recibido, 67 mil 500 pesos para el primero y 52 mil 500 para el segundo.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Jazmín Solano López, ha expresado la preocupación de los diputados por el rezago en la comisión del Trabajo. Probablemente es hora de dejar de hacer las mismas cosas.
