En la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hay ocho diputados que representan a Morelos, cinco por el principio de mayoría relativa y tres de representación proporcional. Y aunque históricamente han sido muy pocas las oportunidades que los legisladores federales morelenses han tenido para pronunciarse a favor de su estado, y muchas menos las que ellos mismos han creado, cualquiera pensaría que, en el tema de la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco quien fue gobernador de Morelos por casi seis años, por lo menos habrían aprovechado para fijar un posicionamiento.
Meggie Salgado Ponce, siempre activa en cuestiones de turismo y promoción de Morelos, es la única que desde casi el principio del escándalo que involucra a Blanco Bravo en el probable delito de violación en grado de tentativa, advirtió la necesidad de que la Sección Instructora, encargada de resolver en primera instancia el asunto, aplicara la perspectiva de género, creyera a la víctima y resolviera retirar el fuero al exgobernador y hoy diputado federal adscrito a la Ciudad de México.
Mucho más tarde, ya que el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar había anunciado su intención de presentar una iniciativa que eliminara el fuero para diputados y senadores permitiéndolo solo para la protección de cuestiones legislativas, Agustín Alonso Gutiérrez, adversario político del exgobernador por mucho tiempo, se unió a la petición a Blanco Bravo para renunciar a su fuero y enfrentar la acusación en los tribunales.
Juan Ángel Flores Bustamante, aprovechó un evento en la zona sur de Morelos para, hasta este lunes, decir que votaría por permitir el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, y también sugirió al exgobernador separarse del cargo para demostrar la inocencia que presume en los tribunales.
Tres diputados de ocho es muy mal número, especialmente si se considera que, al ser representantes del pueblo de Morelos, los legisladores federales tendrían que actuar conforme al sentir de los morelenses. Blanco Bravo dejó el gobierno de Morelos contando apenas con el respaldo de alrededor del 20 por ciento de la población, según las encuestas; el rechazo de los morelenses a la violencia contra las mujeres es amplísimo también; de hecho, la mayoría de los militantes y simpatizantes del partido Morena en Morelos rechazan al exgobernador, igual que los panistas, los priistas y hasta un bloque del Verde, partidos que tienen con morelenses en la Cámara de Diputados.
Hay posiciones que parecen obvias, dos de ellas morenistas: Sandra Anaya Villegas, quien fungió como secretaria de Administración en el periodo de Cuauhtémoc Blanco como gobernador, difícilmente votaría por desaforarlo. También parece lejano que lo haga Ariadna Barrera Vázquez, quien en la legislatura local pasada se integró a un bloque de defensa para el entonces aún gobernador.
Cindy Winkler Trujillo, del Verde Ecologista no ha emitido un solo posicionamiento sobre el tema, tampoco lo han hecho el panista, Adrián Martínez Terrazas ni el priista, Samuel Palma César. Llama la atención que todos ellos estén tan callados cuando en campaña parecían dispuestos a aprovechar cualquier espacio para opinar sobre todas las cosas.
Como hasta ahora se ve, con la prisa que la Junta de Coordinación Política pone para votar el dictamen impidiendo que más diputadas y diputados se sumen a la postura que permitiría el desafuero, parece que nuevamente en el Congreso de la Unión, quienes tienen voz para gritar lo que pasó en Morelos son diputadas y diputados federales de otros estados, y Meggie Salgado Ponce. Probablemente por eso al estado le va como le ha ido.
