La presencia de Claudia Sheinbaum Pardo en la Presidencia de México y Margarita González Saravia en la Gubernatura de Morelos, logro de la gesta de cientos de miles de mujeres mexicanas por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos, talentos y capacidades, han permitido, entre otras cosas, visibilizar condiciones de desigualdad e injusticia que se habían normalizado a través de muchas décadas. Una de las más terribles es el reconocimiento de los derechos de las mujeres campesinas en el que apenas ayer se dio un paso fundamental al iniciar el programa que entregará 150 mil certificados de propiedad a igual número de ejidatarias y comuneras en todo el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Morelos para conmemorar el CVI aniversario del asesinato de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur y padre de la revolución agrarista en México; una gesta que habría sido muy diferente sin la participación de cientos de mujeres zapatistas, y aprovechó la efeméride justamente para recordarlas a ellas, su aporte a la historia nacional, y la injusticia sistémica que padecen las mujeres campesinas que durante siglos no pudieron ser propietarias de la tierra. Para ellas, el ideal zapatista, “la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos” escrito en el escudo del estado de Morelos, no aplicó hasta que poco a poco fueron venciendo añejas tradiciones.
A pesar de que desde siempre han sido muchas las mujeres trabajadoras del campo, actividad que recibieron por herencia, necesidad o gusto; la tradición y por ende, el Estado no reconocía los derechos de propiedad de las ejidatarias y comuneras a no ser que fueran solteras o viudas con hijos a su cargo, como establecían los códigos de 1934, 1940 y 1942. En 1971, la Ley Federal de Reforma Agraria, incorporó el derecho de las mujeres a ser titulares de derechos agrarios que, por un estereotipo de género podían ser explotados por terceras personas en caso de que la mujer tuviera una familia a su cargo que la incapacitara para “trabajar directamente la tierra por sus labores domésticas y atención a los hijos menores”. Una reforma en el 1992 intentó corregir la desigualdad al reconocer como ejidatarios a “los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales”.
Pero una cosa ha sido lo que la ley dice y otra la realidad.
A pesar de que más de un millón de mujeres mexicanas trabajan en el campo, la mayor parte de ellas 86% en la agricultura, su participación en las actividades es escasa. En Morelos solo el 3.2% de quienes trabajan y obtienen ingresos por su actividad en el campo son mujeres, lo que puede parecer una participación mínima, sin embargo, cientos de campesinas morelenses trabajan sin reconocimiento económico a su labor; además, el 96.7% de las mujeres ocupadas en actividades agropecuarias realizan otra actividad por la que no reciben ingresos.
El reconocimiento del aporte que hacen las mujeres mexicanas al campo inicia por los derechos de propiedad de la tierra ejidal o comunal, pero no concluye en eso. Deben atenderse también otros factores de desigualdad y marginación que enfrentan y de eso están conscientes la presidenta y la gobernadora que han echado a andar y diseñan más programas específicos de apoyo a las mujeres campesinas, una forma de empezar a saldar una deuda histórica con ellas y su contribución a la alimentación, el medio ambiente, la tradición cultural y la historia de México y de Morelos.
