Tal vez, siguiendo la enraizada tradición de Morelos, debió ponerse hace seis años una enorme cruz de pericón simbólica en la política del estado. Habría sido colocada un par de días antes de que, en obediencia a un mandato popular, asumiera el poder Cuauhtémoc Blanco Bravo y empezara un ciclo de descuidos, corruptelas y abusos de poder de los que curiosamente este fin de semana se acumularon más evidencias.
Alejar a los demonios habría servido probablemente para contener la peor época de violencia en la historia reciente del estado, el deterioro económico, la crisis en el campo, el debilitamiento de las instituciones por las omisiones de sus titulares, el enfrentamiento político que asfixió la función pública… y la corrupción.
El fin de semana nos sirvió para enterarnos de dos hechos, uno de aparente corrupción que victimó a cientos de productores agropecuarios de Morelos, y otro que por lo menos falta a la ética pública, mostrando la proclividad al abuso de poder del funcionariado que se instaló en el poder Ejecutivo.
En el primer caso, cientos de bultos de agroquímicos y equipos agrícolas fueron localizados por la Fiscalía Anticorrupción en una bodega cuyos propietarios estarían vinculados familiarmente con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Omar “N”, quien ya había sido denunciado reiteradamente por los campesinos del estado que lo acusaron de retener los apoyos.
El almacenaje de los insumos para el campo es criminal en sí mismo, pero adquiere agravantes por la crisis que los agricultores han sufrido los últimos años que podría haber encontrado paliativos si los apoyos del estado hubieran llegado a tiempo. El daño provocado al campo morelense es criminal y más cuando los especuladores están en el propio gobierno.
El segundo es un tema mucho más complejo porque si bien toca los derechos de los trabajadores, evidencia que las leyes que fueron diseñadas para la protección de los más débiles y de los justos, pueden ser utilizadas como instrumento de beneficio de los poderosos al darles permiso para abusar de ellas.
Aparentemente legales, las pensiones “doradas” decretadas para el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Israel Calderón Reyes, quien estuvo menos de cuatro meses a cargo del despacho; y del secretario de Movilidad y Transporte, Eduardo Galaz Chacón, que alega edad avanzada apenas a los 59 años; resultan profundamente inmorales y una muestra de cómo suele torcerse la ley para obtener beneficios al margen del trabajo, la capacidad y hasta los resultados.
Los casos de los funcionarios, cuyo retiro iniciará justo el 1 de octubre, cuando sean relevados de sus cargos, no son los únicos. Ya otros funcionarios con alto nivel de percepciones, como el director del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz, el director de secundarias de la misma dependencia, David Juárez Solís, y otros que aún con los señalamientos ciudadanos buscan que esa sociedad los siga manteniendo, con pensiones altísimas, por el resto de sus vidas.
Probablemente debimos encomendarnos a San Miguel Arcángel hace seis años.
