El hallazgo de las condiciones que guardan las fosas comunes en Morelos fue fortuito: los familiares de una víctima de un secuestro no pudieron recuperar el cuerpo a pesar de haberlo reconocido, les informaron que se había llevado junto con más de un centenar de cuerpos a una fosa común de las varias que administra la actual Fiscalía General del Estado. Como ya se había realizado el entierro, la familia tuvo que conseguir una orden judicial -tras su respectiva demanda y juicio- para que se reabriera la fosa y sacar del anonimato a su ser querido.
Hace algunos años la familia decidió hacer pública tal situación y no solo por la desorganización burocrática que no impidió que un cuerpo identificado se llevara a una fosa común, o por la renuencia de las autoridades a entregarles el cuerpo, sino porque pudieron corroborar y documentar una serie de irregularidades en la que habían incurrido las autoridades que supuestamente, entre otras cosas, tienen la obligación de investigar desapariciones y a los responsables de las muchas muertes violentas que suceden en Morelos.
Simplemente se demostró que aquellas autoridades eran incapaces de ejecutar protocolos no solo para inhumar los cuerpos, sino siquiera para tratar de identificar los restos. Se descubrieron diversas omisiones en registros, toma de testimoniales, cadenas de responsabilidad en el traslado de los cuerpos, integración de expedientes y hasta de pruebas de ADN, detalle que se obvió prácticamente de manera total. Por si fuera poco, las autoridades tenían la extraña costumbre de extraviar los pocos indicios de la identidad de los fallecidos que supuestamente tenían en su poder.
Según los familiares, dichas autoridades -tanto la actual Fiscalía General del Estado como su antecesora- parecían empeñadas en ocultar los cuerpos a los cuales se les etiquetaba simplemente como víctimas del crimen organizado, aunque, con la posterior apertura que se dio por ejemplo en Tetelcingo, se encontraran incluso restos de menores de edad.
Parece ser que, para ahorrarse trabajo y evitar la fatiga que representa hacer investigaciones serias y profesionales, tales autoridades se han tomado demasiadas molestias, entre las que se encuentran las legales pues siempre recurren a los tribunales para atacar las determinaciones que les conceden los jueces a las familias.
Ahora, en vísperas de la reapertura de la fosa de Jojutla, la FGE dice que no necesita ni a la Guardia Nacional ni a la Fiscalía General de la República y que va a reiniciar los trabajos hasta el próximo año y no en unas semanas como se había acordado con los colectivos de familiares, a los cuales no se les puede criticar si muestran desconfianza e inconformidad.
Al parecer, la Fiscalía General del Estado ha encontrado en las fosas comunes -y son bastantes, pues se llenan constantemente- no solo la forma de esconder su incompetencia sino de condenar a cientos de familias, morelenses y mexicanas, a un duelo permanente y a una herida en el corazón que no deje de sangrar.
