Los antecedentes históricos de corrupción en las instituciones gubernamentales de Morelos resultaban especialmente insultantes por la impunidad que permitió a muchos amasar enormes fortunas con el dinero mal habido de conductas ilegales en el servicio público. Por muchos años el antecedente de que los casos no fueran siquiera perseguidos, lesionó la confianza de los morelenses y favoreció el aumento de conductas delictivas en el sector público a niveles de cinismo impresionante. La función pública en Morelos se convirtió en un camino a la riqueza que, en los últimos dos sexenios resultó más que evidente.
Si a alguna institución debiéramos reconocer por la visibilización de los casos de corrupción, que resulta elemental para combatirla, es a la Fiscalía Anticorrupción, una institución que surgió apenas en el 2018 y fue combatida con declaraciones infamantes desde el poder público, particularmente, de la administración de Cuauhtémoc Blanco que la acusaba de proteger a los funcionarios que le antecedieron en el gobierno estatal, particularmente al exgobernador, Graco Ramírez.
Al paso del tiempo se ha comprobado lo contrario, las decenas de exfuncionarios del periodo 2012-2018 que están sujetos a investigación, vinculados a proceso, que han recibido sentencias condenatorias y en las que se incluye al exgobernador Ramírez y a exsecretarios, exsubsecretarios, exdirectores, exsubdirectores y exjefes de departamento. Las acusaciones de Cuauhtémoc Blanco y sus colaboradores buscaban más bien minar la credibilidad y la capacidad de acción de la Fiscalía Anticorrupción como una forma de limitar sus probables acciones en contra de ese equipo, que también ha ido acumulando durante seis años expedientes de irregularidades y conductas que podrían constituir delitos de corrupción.
Por supuesto que el público quisiera ver los expedientes contra políticos criminales resueltos de inmediato; pero no es posible. Los procesos de investigación sobre hechos de corrupción son largos por la complejidad de los delitos, la cantidad de personas físicas y morales involucradas, el número de instancias a las que se debe requerir información, además de las limitaciones que en sí mismas imponen la ley y la propia estructura de la Fiscalía Anticorrupción. Aun con ello, los números favorecen al órgano autónomo, en la mayoría de los casos que han sido vinculados a proceso se han logrado sentencias condenatorias.
Si hay denuncia y se configuran delitos cometidos por servidores públicos, es muy alta la probabilidad de que haya sanciones más allá de la censura moral de la sociedad, algo que a los inmorales funcionarios les importa poco. La posibilidad de ser castigados con cárcel y sentencias reparatorias del daño, debería empezar a preocupar a los funcionarios que se van, pero también a quienes llegarán al gobierno estatal porque no solo trabajarán para una gobernadora, Margarita González Saravia, comprometida con la honestidad e intolerante a la corrupción; en caso de fallarle, también tendrán que enfrentar a una Fiscalía Anticorrupción cuya efectividad es altísima.
Si hacemos caso a los resultados, y al diagnóstico de debilidades, tendría que considerarse trabajar en la propuesta que han acordado los fiscales anticorrupción de todo el país, una reforma jurídica que las fortalezca mediante la independencia jurídica, técnica y presupuestal. Eso ayudará a erradicar por completo la impunidad si, en paralelo, se impulsa la cultura de la denuncia y se agilizan los métodos para que los afectados por abusos de los servidores públicos se quejen.
