Aún si finalmente el grupo de 10 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos que votaron por Juan Gabriel Vargas Téllez como su presidente, logra el doble objetivo de que se declaren legales la destitución de Luis Jorge Gamboa Olea y la designación de su sustituto, la crisis en el Poder Judicial del estado, y la casi inoperancia de la justicia real, pronta, expedita, imparcial, continuarán por mucho tiempo.
Es cierto que el golpe que dio una mayoría de magistrados en la sesión extraordinaria de este miércoles ha sido el más certero que se ha dado a la muy cuestionada gestión de Gamboa Olea en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Pero también es que uno y otro bando representan intereses personales y de grupos a veces muy lejanos a la administración de justicia, como muestran los resultados en materia de impunidad, rezago en los expedientes, casos de corrupción judicial y percepción ciudadana sobre la ineficiencia y deshonestidad de los funcionarios del Poder Judicial que van desde secretarios de acuerdos hasta magistrados.
Los vínculos del grupo que apoya a Vargas Téllez con personajes como el exgobernador Graco Ramírez, el exfiscal Uriel Carmona Gándara, y el exsenador, Rabindranath Salazar Solorio, son conocidos; pero del otro lado también pueden identificarse nexos con grupos políticos igual de censurables, como el caso de la diputada Tania Valentina Rodríguez, el exgobernador, Cuauhtémoc Blanco, y exdiputados. Buena parte de estos nexos se explican por la forma en que se designó, desde anteriores legislaturas a cada uno de los magistrados, y también en cómo se nombran los presidentes del Poder Judicial.
Además, están los resultados, de mediocres a terribles, en el ejercicio de la justicia en el estado. No es un asunto nuevo, la justicia en Morelos ha sido una institución dudosa desde hace más de una década y los resultados están a la vista de todos en su forma más terrible: el Poder Judicial de Morelos no solo ha contribuido con su ineficiencia y probable corrupción a la crisis de seguridad que padece el estado; también ha sido agresor y facilitador de agresores de mujeres y niños, de acuerdo con las acusaciones de cientos de madres y mujeres víctimas de violencia vicaria y violencia de género.
En un escenario así, cambiar un mal por otro, aunque por el periodo de casi dos años que falta para que entre en vigor una reforma judicial local que permita la renovación total de los juzgados y magistraturas resulta también impermisible. La ausencia de legitimidad de Luis Jorge Gamboa Olea al frente del Tribunal Superior de Justicia no debiera ser sustituida por otra presidencia ilegítima, no solo por el procedimiento que se siguió para designarla, sino también por las enormes dudas que genera la gestión del grupo de magistrados que operaron a favor del abogado Vargas Téllez, cuyo más sonado caso de defensa fue, justamente, a favor del exgobernador Graco Ramírez.
Esto no significa que Gamboa Olea sea mejor; la serie de obstáculos que aparecieron casualmente en la sesión extraordinaria a la que él mismo convocó y después abandonó, evidencian artimañas que buscaron frenar la voz de la disidencia en una muestra más de la intolerancia que el magistrado presidente ha profesado a sus críticos. En la sesión se presentó una amenaza de bomba, salieron magistrados afines a Gamboa para romper el quórum, hubo un ataque de tos, y finalmente la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de “coalición de servidores públicos para apoderarse de las oficinas de la presidencia”, se inventó un delito para calificar la disidencia, algo legítimo en cualquier colegiado.
En esas personas está depositada la delicada tarea de impartir justicia en Morelos. Gamboa Olea tuvo razón cuando, antes de irse del pleno acusó: “la reforma judicial cada vez encuentra más sustento, una justificación de que nos vayamos todos por no servir al estado Morelos y a la justicia”. Y sí, lo ideal es que se fueran todos ya.
