Entre filtraciones, interpretaciones exageradas de hechos, deslindes de responsabilidades legales y morales y mentiras fabricadas por intereses políticos o probablemente criminales, las tareas de seguridad pública y combate a la corrupción en Morelos.
Durante las últimas dos décadas, la filosofía, las ciencias políticas y de la comunicación, organizaciones ciudadanas y Estados, han advertido sobre los riesgos de la que se ha llamado equívocamente una sociedad hiper informada, en la que se cumple una paradoja triste, a pesar de que los públicos tienen a su disposición la mayor cantidad de información cierta y verificada en la historia de la humanidad, la gente es cada día más ignorante.
Por una parte, a sabiendas de que la información suele estar a un par de clics de distancia, la gente no la consulta hasta que puede resultar la respuesta exacta a una pregunta coyuntural, lo que impide contextualizar los datos y entender los fenómenos como procesos; el exceso de información también puede generar indiferencia hacia la misma, es decir, una suerte de indolencia sobre la realidad que lleva a observar las grandes tragedias, los enormes escándalos, los más graves crímenes, como si se trataran de cualquier cosa; y finalmente, el uso que los públicos dan a la información, convertida ahora en una fuente de entretenimiento más, suele alentar la generación de narrativas fuera de proporción con los hechos.
Así, a pesar de tener todos los elementos para fortalecer la racionalidad, y con ello el poder civilizatorio que podría ofrecer el procesamiento adecuado de la información; el frenesí con que se presentan los datos provoca estados de excitación poco duraderos en los públicos mientras “normalizan” los contenidos y entonces requieren mayor espectacularidad, aunque para ello haya que exponerse a mentiras.
En un ambiente así, la inteligencia en seguridad pública, entendida como el conocimiento obtenido a través de la recolección, procesamiento, análisis y explotación de la información para tomar decisiones estratégicas y operativas con las que se prevengan los delitos, se contengan sus incidencias, y de reduzca la criminalidad, suele complicarse. La obtención de información que realizan las fuerzas de seguridad y procuración de justicia deriva de la observación directa, la recopilación objetiva a través de labores de investigación, el seguimiento de denuncias ciudadanas y otras fuentes a las que tienen acceso privilegiado los cuerpos de seguridad, así que esa información suele ser diferente a la que percibe la ciudadanía como “correcta” a través de sus mucho menos certeras fuentes de información, particularmente las redes sociales. Estas distancias suelen llevar a presiones sociales, políticas y mediáticas que pueden alterar las estrategias de seguridad.
En su rueda de prensa del miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano refirió al rumor sobre la aparición de un grupo armado en Tlaquiltenango. Explicó que se recibió un alertamiento de violencia en la sierra de Huautla y al acudir encontraron indicios de un enfrentamiento del que no se ubicaron lesionados ni muertos, solo un auto quemado. Del supuesto grupo armado no se tuvo registro alguno: “muchas veces, las comunidades podrían tener miedo, y quieren la presencia” de la policía, explicó.
Como ese caso se han presentado otros, muchos de ellos con la estructura del rumor que inicia en un sitio como algo menor y a medida que avanza, como una bola de nieve, va creciendo hasta volverse escandaloso. Un proceso diferente a lo que ocurrió el jueves en que se hizo circular una ficha de búsqueda y recompensa para la captura del extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Omar Taboada Nasser, contra quien se emitió una orden de aprehensión, pero no se asoció recompensa alguna.
Por si misma, la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción de anunciar las órdenes de aprehensión antes de cumplirlas resulta muy criticable al alertar a los buscados y permitir con ello su escape; si a ello se suma la cantidad de falsedades que circulan sobre los asuntos en redes sociales, la posibilidad de captura de indiciados por delitos de corrupción y de su procesamiento debido en los tribunales, se reduce mucho.
Urge mayor responsabilidad en la emisión de información, pero también en la verificación de las fuentes.
