Aunque el problema de violencia e inseguridad que padece Morelos sigue siendo de grandes proporciones, tendría que reconocerse que en los primeros tres meses de la administración de Margarita González Saravia ha habido una reducción en la comisión de delitos de alto impacto.
El promedio mensual de homicidios dolosos en el primer semestre del año fue de 124.8 para dar un total de 749; mientras que en el segundo semestre la cifra descendió a un promedio de 98. Pese a las cifras, el índice sigue siendo muy alto. En un estado del tamaño de alrededor de dos millones de habitantes, el registro de más de tres asesinatos diariamente es insostenible.
Una ventaja evidente es que, desde su creación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, inició la recolección de datos sobre diversos delitos, entre ellos el homicidio doloso, encontrando uno que resulta sumamente relevante. A diferencia de la idea de administraciones previas que atribuía la gran mayoría de los homicidios a relaciones con el crimen organizado, ahora se sabe, con datos duros, que sólo el 25% de los casos de homicidio doloso están relacionados con actividades delictivas; en cambio, tres de cada cuatro asesinatos se asocian con riñas familiares, callejeras, y conductas antisociales precursoras de delitos. Esto permite, sin duda, reorientar las políticas de prevención de delito y construcción de la paz por un rumbo correcto, a partir de evidencia científica.
En políticas públicas se dice que basta con hacer un buen diagnóstico de los problemas para avanzar por lo menos en la mitad de su tratamiento. En este caso, el ejercicio serio de identificación de los factores que inciden en la violencia es clave para tomar decisiones que, definitivamente, están transformando la estrategia de seguridad del Ejecutivo estatal y los ayuntamientos.
Porque, es obvio coincidir en esto con la gobernadora, si el 75% de los homicidios derivan de causas que pueden revertirse a través de la construcción de ambientes de paz, es posible que en colaboración con los sectores sociales y las diversas esferas gubernamentales, se consiga reducir sustancialmente esos crímenes en una primera etapa.
Para ello es necesario, por supuesto, el orden institucional, el respeto a la ley, la educación de la niñez y juventud, y la reeducación de los adultos, para redirigir el comportamiento hacia esferas en que la violencia no sea considerada un medio de intercambio social, donde la construcción de la paz se vuelva tarea cotidiana.
Así, la creación de un frente contra la violencia en que participan las autoridades de seguridad federales, estatales y municipales, pero también las de educación, y otras áreas de la política social, es mucho más que ampliar una mesa para obtener mejores fotografías. Se trata de un ejercicio en que todos tendrán proyectos de políticas públicas con las que se pueda avanzar en cada nicho de la actividad social hacia una esfera donde se erradiquen las prácticas violentas y, en cambio, se busque la armonía a través del trabajo conjunto.
El riesgo, en todo caso, está en que la mesa donde se dialogue no pase de ser eso. Morelos no está ya para reuniones donde se discute lo que se va a hacer mientras se excusa por lo que se podría haber hecho. Sin embargo, el anuncio de proyectos concretos en las escuelas, los ayuntamientos, los operativos de seguridad pública, el orden ciudadano, y otras esferas, algunos de ellos ya avanzados en su implementación, favorecen el optimismo. En Morelos la estrategia de seguridad cambió ya profundamente, y no hizo falta un enorme anuncio para que eso ocurriera.
