Uno de los pocos argumentos que el ex comisionado de Seguridad Pública, José Ortiz Guarneros podía utilizar para presumir algún resultado en su gestión durante la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, era el aumento de población en las cárceles de Morelos, cuya densidad casi se duplicó durante los seis años que estuvo en el cargo.
Además del grave problema de sobrepoblación, hacinamiento y gobierno de los penales, que también estaban a su cargo, hoy sabemos que la política de encarcelamientos podría derivar de la fabricación de delitos y los abusos policiacos que tendrían en el estado a más de un centenar de inocentes tras las rejas, un escenario que se complica ante la ineficiencia y abusos de la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, denunciados frecuentemente lo mismo por víctimas que por organizaciones protectoras de los Derechos Humanos.
Ortiz Guarneros presumía de detenciones, acusaba a ministerios públicos y jueces de no mantener a esos detenidos tras las rejas, pero las faltas al debido proceso y la lentitud de las autoridades de procuración e impartición de justicia parece pintar un escenario diferente, en que la policía aprehendía a gente probablemente inocente que continúa en la cárcel sin haber sido investigados adecuadamente, visto a un juez o recibido la defensa apropiada.
La aplicación indebida de la fuerza policial y las evidentes fallas en todo el sistema de justicia, podrían ser una explicación del porqué, aunque es innegable que aumentó la población privada de su libertad en cárceles del estado, los delitos no se inhibieron y, por el contrario, los índices de violencia y crímenes de alto impacto han continuado en aumento.
Hasta junio pasado, en las cárceles de Morelos, cuya capacidad es de poco más de dos mil personas privadas de la libertad (más ochocientas con el nuevo penal en Cuernavaca, inaugurado en octubre). Pero para entonces ya había casi cuatro mil encarcelados, por lo menos la mitad de ellos no sentenciados.
Si son ciertos los datos que la asociación civil No Más Presos ofrece para Morelos, por lo menos 115 personas inocentes estarían en cárceles del estado, lo que significa una proporción de casi el tres por ciento de total. Un número impermisible para un estado que supone respetar los derechos humanos.
Dado que se ha denunciado el enorme negocio que significaban las personas privadas de su libertad para las autoridades responsables de los reclusorios en la anterior administración, es muy difícil no pensar lo peor sobre la gestión de los encarcelamientos en el estado. No se habría tratado entonces solo de una respuesta a la presión política por los pésimos resultados en materia de seguridad pública, además, habría funcionado para enriquecer círculos de corrupción en los reclusorios, pero también en las agencias del ministerio público y en los juzgados, donde la justicia continúa negándose a decenas de personas en reclusión, pero también a la mayor parte de los morelenses que siguen sufriendo las consecuencias de la impunidad.
Sería conveniente que, ahora que hay una nueva administración dispuesta a la revisión de lo que ocurre en los reclusorios, a mejorar la seguridad pública y el acceso a la justicia, y a respetar los derechos humanos, se iniciara una revisión de los casos dudosos que pueden ser más del centenar denunciados. Hay que recordar que el hecho de que un solo inocente esté en prisión es una forma de reprobar a todo el sistema de justicia de un territorio.
