Por lo menos durante los seis años que van del 2016 al 2021, Cuernavaca se convirtió en modelo de la corrupción municipal a gran escala. Si bien en trienios previos se habían detectado casos escandalosos, pero aislados de corrupción en altos funcionarios de los ayuntamientos, y una constante de “moches”, “mordidas” y abusos en empleados de ventanilla, agentes de tránsito e inspectores; durante las administraciones de Cuauhtémoc Blanco Bravo y Antonio Villalobos Adán, las malas prácticas se generalizaron.
Las malas prácticas en las administraciones municipales entre 2016 y 2021 están documentadas ampliamente en trabajos de investigación periodística, lo que ayudó a visibilizarlas; pero también en denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, una buena parte por ciudadanos que fueron afectados por probables delitos cometidos por servidores públicos, pero la mayor concentración fue presentada por el propio Ayuntamiento de Cuernavaca, que tiene por lo menos 35 denuncias (32 de ellas presentadas en el 2022) contra probables conductas ilícitas cometidas por funcionarios de alto nivel, desde directores de área hasta alcaldes.
Todos los casos aparentemente fueron ignorados por la Fiscalía Anticorrupción que no judicializó una sola de las denuncias aún cuando algunas de ellas señalan desvíos millonarios, como el de 300 millones de pesos que, retenidos a los trabajadores, no fueron pagados al Servicio de Administración Tributaria; o casi 40 millones de retenciones que tampoco fueron enteradas al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.
La llegada de Leonel Díaz Rogel a la Fiscalía Anticorrupción significa abrir una esperanza de que esas carpetas que evidencian esquemas de corrupción municipal sean atendidas y llevadas a su término con el castigo a los responsables y recuperación, en lo más posible, de los recursos distraídos. Porque tiene razón el alcalde de la capital, José Luis Urióstegui Salgado, no se trata solo de Cuernavaca, otros municipios han sido lesionados por corrupción que les ha significado pérdidas millonarias. Pese a ello, pocos alcaldes fueron imputados por la Anticorrupción, tres de Cuautla (cinco fueron denunciados, en un caso de determinó retirar la acusación y en otro la acusación no prosperó); uno de Jiutepec; uno en Temixco; uno en Zacatepec; una de Mazatepec; uno de Tlalnepantla; una de Totolapan; y uno de Cuernavaca; de todos ellos, sólo en el caso de uno de Cuautla hubo condena.
El relevo en la Anticorrupción evidencia el tamaño de un rezago de más de dos mil 500 asuntos que, por falta de capacidad institucional, mantienen la impunidad, la lesión a la confianza ciudadana, y diluyen cada vez más la probable reparación de los daños que empleados y funcionarios electos de los ayuntamientos cometieron en contra de la ciudadanía. La solución de todos esos asuntos resulta igual de importante que la atención a las denuncias en contra de funcionarios estatales.
Pero debe insistirse, no sólo se trata de que la Fiscalía Anticorrupción mejore sus tiempos y capacidad de respuesta; también convendría revisar la actuación de jueces que, pese a las evidencias presentadas y la solidez de los casos, han dejado en libertad a exalcaldes y otros exfuncionarios municipales y estatales cuyos expedientes resultaban mucho más que sospechosos.
En efecto, no se trata solo de contar los fracasos, también debe revisarse donde estuvieron las fallas que impidieron hacer justicia. Es probable que muchas de ellas estén fuera de la fiscalía.
