La LVI Legislatura del Congreso de Morelos cumplirá este abril seis meses en desacato de la sentencia de un juzgado federal que la obliga a derogar los artículos del Código Penal local en los que se penaliza el aborto voluntario.
No se trata de una negativa abierta para atender la instrucción del juzgador. Diputadas y diputados sencillamente han omitido discutir el dictamen ya listo con el que se eliminaría el castigo de hasta cinco años de prisión contra las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo y aquellos que colaboren para ello.
La discusión se ha ido degradando de una que proponía una serie de reformas jurídicas a leyes y códigos para permitir que el aborto voluntario se practicara en Morelos bajo condiciones de seguridad, accesibilidad y atención integral a las mujeres que decidieran recurrir a él; a sencillamente si se retira la punibilidad de la práctica. La reducción derivó sin duda de la mezquindad legislativa que ha llegado al extremo, ir posponiendo las sesiones de comisiones para al final, ni siquiera abordar el asunto.
Apenas seis diputadas y diputados están dispuestos a aprobar la despenalización; pero quienes no están de acuerdo con ella han sido incapaces (salvo quizá tres panistas) no solo de argumentar sus motivos, sino hasta de expresarlo públicamente.
A pesar de ser una bandera de las izquierdas en todo el mundo, la libertad de las mujeres para decidir si se continúa un embarazo, no fue un tema en las campañas electorales. De hecho, cuando en Morena se impulsó desde el plano nacional incluir la legalización del aborto voluntario como un apartado en la plataforma electoral, el asunto fue hecho a un lado.
Aún con ello, cualquiera pensaría que los verdaderos militantes de la izquierda estarían a favor del reconocimiento y extensión de los derechos fundamentales de las mujeres; es decir, no solo respetar su decisión, sino proporcionarles todos los medios para hacerlo. No resulta así, de los seis diputados que votarían a favor de la despenalización, solo cinco son de Morena y sus aliados (que sumarían doce legisladoras y legisladores) y una de Movimiento Ciudadano.
No se trata entonces, contrario a lo que asegura la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Jazmín Solano López, de un asunto de ideologías, por lo menos no en el terreno político. En el Congreso domina la izquierda con 16 diputados, entre aliados de Morena, PT, PRI y Movimiento Ciudadano (que se han ubicado en la centroizquierda).
Durante el Parlamento de Mujeres, en marzo pasado, las oradoras reclamaron al Legislativo sus omisiones en el procesamiento de la iniciativa para despenalizar el aborto. Entonces las fracciones parlamentarias se dijeron defensoras de las mujeres y sus derechos en el más amplio sentido. Quedó en palabras incluso cuando les exigieron que pasaran de los dichos a los hechos.
La LV Legislatura, antecesora de la actual, pudo “patear el bote” durante por lo menos tres años, parece que la diputación actual busca seguir el mismo modelo sorteando con respuestas insuficientes la orden del juzgador.
Durante el tiempo que ha pasado desde que la Corte determinó la inconstitucionalidad de las leyes que criminalizan el aborto voluntario en septiembre del 2021, a la fecha, alrededor de dos mil 500 mujeres han tenido que pasar el trance de aborto voluntario sin acompañamiento del Estado, si hacemos caso a las cifras que ofrecen las colectivas feministas que han suplido a las instituciones en este tema. Dos mil quinientas mujeres han sido víctimas de la mezquindad de quienes se supone las representan. Es un número infame.