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Derivado de un diseño institucional que pretendía evitar que los titulares de las fiscalías se pasaran su tiempo litigando su permanencia en el cargo, igual que en otras entidades, en Morelos sólo la persona titular de la gubernatura puede iniciar el procedimiento de destitución del Fiscal General de Morelos, y sólo puede hacerlo derivado de las causas graves que establecen las leyes; entre ellas, por ejemplo, cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, simulación de identidad, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo, obstrucción de justicia.

Y si bien es cierto que el Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, está aún sujeto a proceso por lo menos por uno de esos delitos, también lo es que el blindaje que se pensó construir para proteger a los titulares de órganos autónomos de probables abusos de los poderes públicos, ha impedido concluir las investigaciones, ha desgastado la figura del fuero constitucional, y resta credibilidad y margen de maniobra a la Fiscalía General del Estado de Morelos, cuyos contados éxitos son inmediatamente opacados por la pregunta inaplazable pero también sin respuesta todavía de cuándo, cómo y a dónde se irá Uriel Carmona Gándara; porque de su salida depende, aunque no guste a casi nadie, la posibilidad de reconstruir a la institución clave, no solo en la estrategia de seguridad de la gobernadora, Margarita González Saravia, sino y mucho más importante, en la procuración de la justicia y el castigo a los criminales que tanto se ha evadido en Morelos.

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Cuando una agrupación civil formada primordialmente por jóvenes acudió al Congreso a solicitar la remoción del fiscal Carmona Gándara, seguro hubo el interés fundado de ayudar con ello a la construcción de la paz. Pero la agrupación no contaba con que en la Constitución de Morelos se establece que solo la persona titular de la gubernatura, en este caso Margarita González Saravia, puede hacer tal solicitud.

Y seguramente la gobernadora habrá de ingresar el documento necesario al Congreso de Morelos, pero el proceso tampoco es sencillo. La gubernatura deberá justificar la causa grave, trabajar con los diputados los consensos para que dos terceras partes del pleno voten a favor del procedimiento y esperar que Uriel Carmona y sus abogados no consigan interrumpir el proceso con algún recurso legal que prolongara más artificialmente su presencia en el cargo. Demasiadas variables para enfrentarlas solamente por la presión de grupos ciudadanos o medios de comunicación. El procedimiento debe darse con las suficientes garantías para conseguir que las cosas en la Fiscalía General, y la seguridad en el estado, mejoren sustancialmente y no para generar una crisis más en el orden constitucional de Morelos.

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Con un escenario así, muchos piensan que lo mejor sería llamar a la cordura al fiscal de Morelos y hacerle ver, como dicen los políticos “que su ciclo en la institución ha terminado” y que ayudará mucho a componer las coses su temprano retiro. Eso tampoco luce sencillo, porque en los hechos, la única garantía que tiene Uriel Carmona para no volver a prisión es, justamente, el fuero que le concede su presencia en el cargo.

Todas esas valoraciones están en la mente de la gobernadora y sin duda influirán en cómo se enfrente el tema del fiscal.

Cierto, Uriel Carmona Gándara no es el fiscal que requiere Morelos, pero también es innegable que, tratar de removerlo sin tener el control total de la situación, podría generar un escenario aún peor al actual, y eso es impermisible.

La Jornada Morelos