Uno de los frentes sociopolíticos que más salud han demostrado por lo menos durante la última década es el de las colectivas feministas. La claridad de su agenda deriva en buena parte de lo específico de sus propuestas y de la justicia en sus demandas. Llama la atención entonces que, pese a la buena organización entre las colectivas, lo bien articulado de la agenda, y la justicia en sus demandas, el Estado en Morelos les siga debiendo tanto.
La agenda feminista morelense podría ubicarse en dos apartados muy básicos que se traducen en enormes necesidades instrumentales, simbólicas y legislativas: la seguridad que se traduce básicamente en el derecho a vivir en paz, y la libertad que empieza por el derecho a decidir, primero sobre sus propios cuerpos.
En julio pasado, la ya casi desvanecida LV Legislatura del Congreso de Morelos aprobó una serie de reformas orientadas a frenar las violencias que no fueron publicadas por el saliente Ejecutivo, de otras remitió observaciones que lo liberaron temporalmente de la obligación de aplicar esas reformas en las instituciones de educación, salud, seguridad pública, y otras a las que impactarían los cambios jurídicos. La deuda de un andamiaje para construir una vida libre de violencias para las morelenses continúa.
Mucho más atrasado, el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, que inicia por la legalización del aborto, ni siquiera fue abiertamente discutido por el Legislativo. Las veces que se presentó el tema no alcanzó los votos suficientes para ser tratado por el pleno del Congreso, y mucho menos para ser aprobado siquiera en su forma más rudimentaria, la despenalización de la práctica.
Las colectivas se han planteado retomar el activismo a partir de este 28 de septiembre, en que tomarán las calles del centro de Cuernavaca para demandar, nuevamente, se resuelva favorable y rápidamente el tema del aborto en Morelos. Si bien la despenalización ya es un mandato de la Corte en todo el país, lo cierto es que no encarcelar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en los términos y tiempos admitidos por la ley resulta por lo menos insuficiente.
Los antecedentes de violencia familiar, institucional y obstétrica contra las mujeres en el estado evidencian que la despenalización del aborto es nada; seguramente por ello la discusión va en torno a la legalización, una figura jurídica que reviste mayor alcance en términos garantistas para todas las mujeres. Legalizar significa, primero reconocer que las mujeres enfrentan todas esas violencias y obstáculos para decidir, y luego avanzar en erradicarlos, lo que implica, entre otras garantías, dotar de la atención médica, el acompañamiento jurídico y psicológico, y el acceso gratuito al aborto. Despenalizar, lo sabemos todos, es insuficiente, hace falta un conjunto de reformas que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo como una opción para todas las mujeres.
Las condiciones políticas han cambiado profundamente en los últimos meses. La nueva conformación de la Legislatura, por los perfiles de cada diputada y diputado; y la llegada a la gubernatura de una mujer por primera vez en la historia local; podrían hacer que el Estado se vuelva mucho más sensible a la enorme e histórica deuda que el estado tiene con las mujeres y que, por fin empiece a enfrentar los pasivos sociales y humanos que tiene con ellas. Es un asunto de justicia y de humanidad.
