Aunque no alcanzó el carácter de acusación, sino de descripción de la realidad, la declaración del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano respecto a la práctica de algunos jueces por las que dejan en libertad a peligrosos delincuentes violentos en Morelos mantiene encendidas las alertas y parece otro botón de muestra de la corrupción que parece haber podrido al Poder Judicial en Morelos.
Si se atiende a los datos ofrecidos por el secretario, cada quince días durante el último año algunos jueces resuelven dejar libres a un promedio de cuatro sujetos recién detenidos en operativos interinstitucionales bajo la poco clara figura de “detención ilegal”, aun cuando en la mayoría de los casos, según se ha informado profusamente, los sujetos capturados caen por el cumplimiento de órdenes de aprehensión libradas por otros jueces, o en flagrancia.
Así, si han transcurrido ocho quincenas en lo que va del 2025, se habría puesto en libertad a más de 30 sujetos de alta peligrosidad, muchos de ellos con antecedentes penales, que en el corto plazo vuelven a cometer crímenes contra los morelenses. Se trata de números y hechos inadmisibles si se atiende a la función básica del Estado, la de proteger la vida, libertad, propiedad y seguridad de quienes se someten a su gobierno.
Se trata de un problema grave del que ya se tenían algunos antecedentes notorios, que incluyen las inexplicables liberaciones no solo de probados delincuentes, sino también las de sujetos señalados por casos de corrupción, como el extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, al que un juzgador determinó no vincular a proceso pese a las evidencias en su contra; y asuntos que comprometen la gobernabilidad en los penales de Morelos, como el revocar la transferencia de un peligroso líder criminal de una cárcel de mediana seguridad al penal de Atlacholoaya, un hecho que compromete la seguridad de la región oriente.
Un dato que puede ilustrar la gravedad del problema, de los catorce detenidos relevantes presentados en la conferencia de prensa quincenal sobre acciones en materia de seguridad, cuatro tienen abultados expedientes penales recientes, dos de ellos con condenas recientes, uno del 2021 y otro del 2024; y nueve están identificados como miembros de grupos delictivos que operan en Morelos. Cabe preguntarse porqué estaban libres los cuatro sujetos con antecedentes penales muy recientes y mucho más en el caso de los dos condenados. La respuesta obvia es, por la ayuda de un juez.
De esos catorce detenidos, cinco no fueron sujetos a prisión preventiva, pese a ser reincidentes, o encontrarse en posesión propiedad robada, tres de ellos drogas y dos armas de fuego. La medida de prisión preventiva parecía obvia en los cinco casos, pero no se concedió.
Aparte debe considerarse que, de las catorce detenciones, una fue a solicitud del Estado de México, y seis más fueron remitidas al fuero federal por la clase de delitos; así que, en términos generales, los juzgadores permitieron que prácticamente todos los generadores de violencia solo deban ir a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares pero sigan sus procesos en libertad.
Los datos muestran la necesidad evidente de una revisión profunda a la actuación de los jueces y magistrados en Morelos, especialmente de aquellos cuyas determinaciones han permitido que cientos de maleantes permanezcan en libertad y atentando todos los días contra la seguridad de los morelenses. Omitir esa indagatoria que deberá incluir incluso al presidente del Tribunal, Luis Jorga Gamboa Olea, es consentir una colección de impunidades y claudicar en las tareas de seguridad, procuración y administración de justicia en el estado.
