La narrativa de lo ocurrido esta mañana en la Fiscalía General de Morelos, a la que el exgobernador, diputado federal y acusado de violación en grado de tentativa Cuauhtémoc Blanco se presentó para rendir declaración sobre ese cargo en su contra, corre el peligro de ofrecer inexactitudes que influyeran en la percepción de quienes observan indignados o indolentes el caso.
El exgobernador asegura que el fuero constitucional no lo protege de la acción penal, lo que resulta falso. Si bien el Artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a la letra que “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”; lo que limitaría la protección, el fuero es precursor de lo que se llama inmunidad parlamentaria, que de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa del gobierno de México, “refiere a la imposibilidad de la autoridad competente para detener o someter a un parlamentario –diputados y senadores-, durante el ejercicio de sus funciones, a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia”.
Es decir, Cuauhtémoc Blanco no llegó como cualquier ciudadano a rendir su declaración y, a diferencia de lo que aseguró en entrevista, sí protección la que le ofrece esa inmunidad parlamentaria y que le fue mantenida por la mayoría sus pares el 25 de marzo pasado cuando desecharon la solicitud de procedencia que la Fiscalía de Morelos presentó con la intención de formarle causa penal por violación en grado de tentativa.
El exgobernador de Morelos también asegura haberse presentado voluntariamente, lo que también resulta inexacto. Si bien no medió orden de presentación (no podría haberse obsequiado por el fuero constitucional), Blanco Bravo fue circunstancialmente llevado a comprometer su presentación cuando en una reunión previa a la sesión de la Cámara, el mismo 25 de marzo, las diputadas y diputados de su partido analizaron la situación y prácticamente intercambiaron el desechamiento de la solicitud de procedencia por la promesa de acudir a rendir declaración a la Fiscalía de Morelos.
Al alegar que el caso en su contra es una orquestación del exfiscal, Uriel Carmona Gándara en su contra por una venganza política, el exgobernador y probable perpetrador del delito por el que se le ha denunciado invisibiliza a la denunciante, que tiene nombre y personalidad jurídica en el caso como presunta víctima de un delito sexual. Nidia Fabiola existe, ha declarado en el caso y en medios de comunicación por ella misma o mediante su representante legal que han dado seguimiento al caso. Más allá de cualquier implicación política, la denuncia existe y debe ser investigada y, en caso de existir un delito, deberá sancionarse a quien lo haya cometido.
También falta a la verdad el exgobernador cuando asegura que las carpetas donde se le relaciona con la comisión de otros posibles delitos y que van desde actos de corrupción hasta hechos violentos, son solo “trancazos” y cuando se deslinda de los probables hechos de corrupción cometidos por personajes a quien él mismo nombró colaboradores de su gabinete. Un gobernador es responsable de la supervisión de los actos de quienes trabajan al servicio de su administración, Blanco Bravo no puede evadir su culpa en la corrupción de su régimen que permitió, por lo menos por omisión.
Mucho más grave resulta que, al ser cuestionado sobre el intento de implicarlo en el asesinato de un empresario cometido cuando era alcalde de Cuernavaca, el exgobernador responda sin empacho que en ese momento estaba en Chicago, y peor aún que asegure sobre el autor material que después lo acusó de haber encargado el homicidio, de lo que luego de desdijo, “al pobre que disparó, a él lo obligaron y yo sé quiénes”. ¿Qué hizo entonces al respecto?