Con una inversión de 103 millones de pesos que fueron liberados en agosto del 2023, diez meses después de anunciado el proyecto, la rehabilitación del mercado Adolfo López Mateos se ha convertido en un emblema del burocratismo, la corrupción y la ineptitud de la administración que encabezó Cuauhtémoc Blanco en Morelos.
La obra fue anunciada en octubre del 2022. El Proyecto Ejecutivo de la Secretaría de Obras, pese a haberse basado en uno previo diseñado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tardó más de cuatro meses. Los recursos del Fideicomiso para la Competitividad y Promoción del Empleo estuvieron disponibles hasta medio año después y la ejecución de la obra inició hasta finales del 2023. Nueve meses después, no se había completado ni la primera fase.
Los trabajos, además, tuvieron que pararse debido a las irregularidades detectadas en la ejecución de la obra por la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia, que denunció probables hechos de corrupción que representarían un daño al erario por alrededor de 14 millones de pesos, casi la mitad de lo que se suponía haberse ejercido en la fase de obra realizada por la administración anterior.
La denuncia ya se encuentra en fase de formulación de imputación en contra de quienes fueron secretarias de Desarrollo Económico y Trabajo y de Obras Públicas, de quien ocupó la titularidad del Fideicomiso para la Competitividad y de once exfuncionarios más relacionados con la proyección, financiamiento y ejecución de la obra.
Adicionalmente, la mala ejecución de las obras en su primera fase provocó daños a por lo menos una docena de locales, afectaciones por las que el gobierno estatal deberá erogar seis millones de pesos más, algo que podría considerarse como el costo de la ineptitud en la obra.
A esa pérdida, tendría que sumarse otra no calculada y que resulta de la afectación desde hace casi un año y medio a más de un centenar de locatarios y a 15 mil consumidores diarios. Porque si bien las uniones de comerciantes no han permitido la suspensión de actividades, lo cierto es que las obras y los cierres parciales de áreas del mercado han mermado la asistencia de compradores y las ventas de productos.
Si bien son buenas noticias que haya terminado al aseguramiento a cargo de la Fiscalía Anticorrupción que mantenía suspendidas las obras para investigar probables delitos, y que la Secretaría de Infraestructura esté ya en condiciones de prácticamente rehacer la primera fase de la rehabilitación, con un nuevo proyecto que permitirá corregir los vicios del anterior; valdría la pena la reflexión sobre el daño que se provocó a la economía del centro de abasto más importante de Morelos; a la confianza de los locatarios, consumidores y la ciudadanía en general; y sumarlos al hecho al erario para realmente comprender el nivel de afectaciones que una administración inepta puede provocar a través de solo 14 de sus funcionarios.
Una vez comprendidas las afectaciones globales que provocaron, probablemente cualquier castigo que incluya la ley para los responsables de esa desgracia, parecerá verdaderamente insuficiente.
