Por donde se vea, la determinación de no vincular a proceso al extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Omar Taboada Nasser, pese a las evidencias que refuerzan las antiguas sospechas de corrupción durante su encargo, es un asunto muy grave para Morelos por las múltiples lecturas que permite.
En medio de la disputa política por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, pero también por la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, los argumentos de un juez vinculado estrechamente al aún presidente del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea, provocan una justificada suspicacia.
El juez Natanael Subdias Aguilar, de quien se sabe es hombre de confianza de Gamboa Olea, argumentó al desechar la solicitud de vinculación a proceso, por una parte, que no había existido dolo de parte del exfuncionario, pero por la otra aseguró que las periciales ofrecidas por la Fiscalía Anticorrupción, que habían sido validadas por un juez previo para girar la orden de aprehensión, resultaban poco fiables; es decir, el error estaría en la fiscalía que no habría hecho bien su trabajo. Un intento de puntilla al fiscal Juan Salazar Núñez quien termina su encargo el 16 de agosto próximo.
El problema es que por los vínculos de quien hace los señalamientos (que ha sido señalado en otras ocasiones por la misma Fiscalía Anticorrupción por presuntamente favorecer a los acusados de casos de corrupción), con quien busca con más ahínco ser el próximo Fiscal Anticorrupción, la especie es poco creíble, aún cuando hay antecedentes de mala integración de carpetas en las fiscalías que han permitido la impunidad que se mantiene en delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
La posibilidad de que la posible sanción de un sospechoso de corrupción en el régimen de Cuauhtémoc Blanco quede impune por una lucha política que se gestó desde hace años entre el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción es igual de espantosa que la idea de que haya sido la ineficacia en el tratamiento de las evidencias por parte de la fiscalía, o incluso de la Consejería Jurídica y Contraloría del gobierno de Morelos, que también participaron en el caso, las que permitan esa impunidad.
Lo que el caso revelaría es la confirmación de sospechas fundadas sobre un entramado de protección tejido desde los juzgados locales para algunos exfuncionarios que, de alguna forma, han logrado el desechamiento de casos en que resultaban evidentes conductas contra la función pública. Se trata de un asunto que, según informó oportunamente La Jornada Morelos, ya se revisa desde el Congreso del estado y que habría permitido el que por lo menos cuatro funcionarios acusados de múltiples cargos de irregularidades en el servicio público hubieran librado procesos penales, algunos en los que incluso hubo la determinación inicial de vinculación a proceso y prisión preventiva.
La otra lectura es aún peor, si como aseguró el juez, en las acciones de Omar Taboada no hubo dolo, entonces habría una urdimbre de acusaciones cuyo objetivo inicial estaría equivocado, y probablemente tuvieran que apuntar hacia otras partes o rangos aún más altos en la administración de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, el propio gobernador, o su operador político y hermano, Ulises Bravo, contra quienes hay acusaciones desde hace mucho, pero nadie parece atreverse a judicializar.
