El sabio calla, enseña la sabiduría popular, y los poderes Ejecutivo y Legislativo parecen dispuestos a ejercer el dicho por lo menos en lo que toca al conflicto en el Poder Judicial de Morelos.
El secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, y el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso de Morelos, Rafael Reyes Reyes, por separado opinaron básicamente lo mismo sobre el tema, el lío que llevó a la destitución probablemente ilegal del presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, y el nombramiento, también dudoso, de Juan Gabriel Vargas Téllez como nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia, es un asunto que debe resolverse al interior del Poder Judicial y a través de los órganos jurisdiccionales.
Por lo pronto, el Ejecutivo considera que, en tanto no haya resolución firme sobre los hechos del miércoles en que se dio la presunta destitución del presidente, “las cosas están como estaban” hasta el martes, es decir, Gamboa Olea seguirá siendo reconocido por el Ejecutivo como presidente en funciones del Tribunal, pero tampoco arriesgan un desconocimiento al magistrado Juan Gabriel Vargas.
Por ello Gamboa Olea participó en la Mesa de Seguridad del estado, como ha hecho desde que el presidente del Tribunal Superior de Justicia fue incluido en ellas por la gobernadora, Margarita González Saravia; no obstante, la inclusión fue poco difundida, incluso la cuenta oficial del tribunal bajo su publicación en la que refería al hecho.
En el Congreso de Morelos tampoco arriesgaron un posicionamiento, tanto el coordinador de Morena, Rafael Reyes Reyes, como la presidenta de la Mesa Directiva, Jazmín Solano López, advirtieron que, al tratarse de un asunto interno debe resolverse en el colegiado que forman los magistrados y, en su caso, trasladarse a las instancias jurisdiccionales que podrían si la razón asiste a alguna de las partes.
La relación del Legislativo con el Judicial no es una cuestión de atención diaria, ciertamente, pero eventualmente tocaría al Congreso del Estado cumplir con los requisitos que permitieran, en su caso, proceder contra los magistrados que hubieran cometido un delito, como el de usurpación de funciones que, por lo menos uno de los magistrados que se dicen titulares de un cargo unipersonal, estaría cometiendo.
Sin ninguna de las partes dispuesta a ceder en sus posiciones, las labores siguen en una tensa calma en el Tribunal y los juzgados de Morelos, calma que podría empezar a agotarse si el conflicto no se resuelve en los próximos días cuando por obligaciones laborales y da pago de servicios tendrían que hacerse movimientos en las cuentas bancarias del Tribunal Superior de Justicia de las que sigue siendo titular el depuesto o no presidente Gamboa Olea. Porque si bien es cierto que algunos actos de representación del Poder Judicial, todos los protocolarios, por ejemplo, pueden esperar a que se llegue a un acuerdo o se restablezca la legalidad en el Poder Judicial, la nómina y los pagos de servicios no deben posponerse bajo ninguna causa, so pena de lesionar los derechos de los trabajadores y paralizar la operación de juzgados y oficinas.
Es cierto que la controversia en el Poder Judicial debe dirimirse conforme a derecho, eso que uno o los dos grupos de magistrados enfrentados decidieron ignorar o torcer a conveniencia, pero también se tiene que reiterar: ni los justiciables, ni los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia tendrían que pagar, un solo día, por la lucha de los magistrados por el poder, el que solo les durará unos meses hasta la puesta en marcha de la reforma judicial.
