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El gobierno de Morelos ha tenido una relación tormentosa con los helicópteros.

Desde aquél conocido como “del Amor” en que se dice se usaba para visitar a la “novia” del entonces gobernador, Sergio Estrada Cajigal, la ciudadanía ha sido escéptica sobre la utilidad de las aeronaves.

Las pruebas parecen ofrecer elementos que daban la razón a los críticos. Hasta el 2022, Morelos tuvo dos helicópteros para labores de seguridad un Airbus AS350 B3S, y un Bell 212; en su mantenimiento se gastaban alrededor de 90 millones de pesos anuales, a pesar de que en conjunto volaban muy poco. En la administración de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, se estimaba un uso de alrededor de una hora y 15 minutos diaria de cada uno.

Y aunque se usaban poco y se gastaba mucho en el mantenimiento, una de las aeronaves se descompuso y fue arrumbada en un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo alojamiento no es gratis.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), entidad que sustituyó a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (la instancia de prevención del delito en tiempos de Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez), detectó la ubicación de la aeronave descompuesta a la que le faltan piezas para poder volver a volar. Estaba abandonada, según el informe del secretario Miguel Ángel Urrutia Lozano.

No es que los helicópteros sean poco útiles, en geografías como la de Morelos, resultan vitales en emergencias y seguridad al ofrecer una capacidad de respuesta rápida, además de poder llegar a lugares de difícil acceso.

Los helicópteros de seguridad refuerzan la vigilancia, patrullaje, apoyo policial, transporte de personal y equipos, búsqueda y rescate, entre otras tareas que vuelven mucho más eficientes las tareas de prevención del delito y reacción ante crímenes. El uso del helicóptero que aún vuela de la SSyPC ha facilitado operativos de búsqueda y captura de delincuentes. Una segunda aeronave, bien utilizada, podría contribuir a reforzar las tareas y mejorar sensiblemente las tareas de vigilancia y reacción.

Pero los helicópteros de seguridad, una especie de patrullas aéreas, no pueden ser utilizados para el combate de incendios (no pueden transportar altos volúmenes de agua ni retardantes), rescate de personas, evacuaciones médicas y otras labores de protección civil y auxilio que también son urgentes de atender en Morelos.

Apenas iniciada la parte fuerte de la temporada de incendios forestales, el gobierno de Morelos ha tenido que solicitar en dos ocasiones ya el apoyo de aeronaves externas para el combate del fuego en zonas escarpadas, como los cerros del corredor Chichinautzin, que dificultan las tareas de combate por tierra.

La idea de adquirir un helicóptero para esas labores, y otras emergencias médicas y de protección civil, cobra sentido especialmente si se calcula el enorme daño que los incendios forestales provocan a cientos de hectáreas de bosque cada vez, pero también a la salud de quienes habitan cerca de los lugares donde hay estos fuegos.

La vigilancia no debería pasar tanto por la adquisición de aeronaves cuya utilidad está comprobada. Por supuesto que los procesos de compra deben ser todo lo transparentes que requiere el uso de partidas presupuestales de muchos millones de pesos. Pero la observación más importante sobre las aeronaves debería estar, queda claro, en su uso y en los beneficios que se espera generen en el corto y mediano plazos. Los gastos deberán convertirse en inversiones.

La Jornada Morelos