Morelos cumplió nueve años ya con el horrible distintivo de la Alerta de Violencia de Género, una marca que supone obligar a las autoridades gubernamentales a coordinarse para reducir los factores que permiten, promueven, la violencia contra las mujeres y a propiciar entornos para la vida de ellas en paz.
Como muchos otros proyectos, iniciativas y políticas públicas en la última década, la Alerta no ha funcionado en Morelos, como dan cuenta los registros de feminicidios que hacen colectivas feministas y organizaciones no gubernamentales. Uno de los registros metodológicamente más claros es el de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos que evidencia el incremento de los feminicidios a pesar de la Alerta de Violencia de Género.
El 10 de agosto de 2015 se declaró la alerta de Violencia de Género en Morelos aunque solo para ocho municipios (Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec), en el 2023, se consideró sumar a tres (Huitzilac, Xoxocotla y Tepoztlán). Aunque la violencia contra las mujeres se presenta en prácticamente todo el territorio estatal.
A partir de la declaratoria, se estableció un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que suponía implementar acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, asignar recursos presupuestales necesarios para enfrentar la contingencia, y elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres, entre otras obligaciones.
Los nueve años que han pasado desde entonces han generado resultados solo en la conciencia sobre la violencia contra las mujeres, un tema que se discute públicamente y se trata de enfrentar institucionalmente en esfuerzos aislados en el sector privado y el público; y en el acceso de las mujeres a tribunas y cargos públicos.
En contraste, prácticamente todas las violencias contra las mujeres han aumentado frente a la inoperancia de la mayoría de las autoridades obligadas por la alerta. Algunas de ellas, como la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado de Morelos han sido igual de incapaces para trabajar contra la violencia de género como para reducir cualquiera otra de las formas de violencia. Otros entes obligados, como algunos ayuntamientos, hacen esfuerzos dignos de reconocimiento, pero aislados y, por lo mismo, insuficientes para el tamaño del problema que se enfrenta. Cuernavaca, por ejemplo, atiende a víctimas locales y de otros municipios, pero tampoco ha podido reducir en la proporción deseable la violencia contra las mujeres.
La administración de Graco Ramírez fue terrible en el manejo del problema, pero la de Cuauhtémoc Blanco ha sido aún peor. Es deseable que la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y de los ayuntamientos, permita corregir todos los errores, omisiones, simulaciones en la aplicación de la Alerta, reforzar lo poco que ha funcionado y empezar de nuevo todo lo abandonado, que es demasiado, como evidencian los datos.