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Para algunos sorpresiva, la destitución de quien fuera coordinador general de Movilidad y Transporte, Josué Fernández Fernández responde a dos condiciones presentes en la agenda política de la gobernadora, Margarita González Saravia: primero la evidente intolerancia a cualquier acto que pudiera originar la sospecha de corrupción, que ha acompañado a la mandataria durante toda su vida y forma parte de su arraigo ideológico y personalidad pública y privada.

Esta cualidad hace que la gobernadora sea especialmente cuidadosa en la vigilancia del personal a su cargo y en la atención de las denuncias sobre irregularidades alrededor de su muy amplio círculo de trabajo. Margarita González Saravia no es defensora oficiosa de sus colaboradores, sino una puntual crítica que respalda lo que está probadamente bien y descarta con discreción aquello que pone en peligro la función pública.

Si bien eso habla bien de la personalidad de la gobernadora, el mayor impacto político está en otra condición que ella conoce y mide muy bien: el déficit de confianza ciudadana en partes de la acción del gobierno estatal, heredada desde hace por lo menos dos sexenios y en algunos sectores mucho más añeja.

Movilidad y Transporte se mantiene como una de las áreas más denunciadas por corrupción entre la ciudadanía. El sector no solo ha sido por décadas el soporte de esquemas de corrupción establecidos en coordinación entre funcionarios y “gestores”, además se convirtió en un espacio de presión política para los gobiernos que vieron a los titulares del área empoderarse hasta niveles que representaban un riesgo para la estabilidad en Morelos. De ahí lo delicado que resulta la operación política en el sector transportista, una actividad de la que dependen miles de familias trabajadoras de Morelos y que puede paralizar a las ciudades en solo unos minutos.

La gobernadora conocía este escenario desde antes de reunirse con los líderes transportistas apenas el 22 de enero, cuando los recibió en el Palacio de Gobierno para escuchar una andanada de quejas y establecer compromisos “fundamentales para sacar adelante a este sector: Agilización de trámites, cero corrupción, modernización del transporte público y seguridad”, según se informó entonces.

Esa reunión en Palacio de Gobierno fue la primera muestra de que el titular de la Coordinación General de Movilidad y Transporte había sido rebasado por la realidad, pero también de que había perdido la confianza de los transportistas, principales usuarios de las oficinas a su cargo. No era para menos, durante el breve periodo que duró la gestión de Josué Fernández, las denuncias de corrupción en la dependencia continuaron, los trámites se interrumpieron por mucho tiempo, y entre corrupción y falta de placas y licencias, las afectaciones a los usuarios siguieron.

De ahí que la remoción de Josué Fernández y algunos de sus colaboradores, no resultara una sorpresa pues opera en dos sentidos centrales para la gobernadora, primero el combate a todos los esquemas de corrupción, por acción u omisiones, que puedan presentarse en la función pública; segundo, la reconstrucción de la confianza ciudadana en áreas delicadas de la administración estatal que podrían generar riesgos importantes a la gobernabilidad.

Queda pendiente la investigación sobre la gestión de Josué Fernández en Movilidad y Transporte, y las que la Contraloría estatal ha abierto sobre la anterior gestión en la entonces Secretaría. Otra parte de la recuperación de la confianza en las áreas del gobierno radica, por lo menos parcialmente, en que se garantice que no hay impunidad.

La Jornada Morelos