Al acercarse el final de una etapa es natural hacer un balance de logros y fracasos, de los aciertos que hay que conservar y de las equivocaciones que hay que remediar. En la administración pública también es necesario hacer este tipo de evaluaciones para saber por dónde se abordará el nuevo encargo, qué prioridades se establecerán y cuales son las acciones urgentes que se deben tomar. O por lo menos así debería ser.
La administración pública y el gobierno de un estado debería ser progresiva para no recorrer el mismo camino que los predecesores con el riesgo de cometer los mismos errores y perder el tiempo descubriendo el agua tibia mientras los problemas continúan acumulándose.
A estas alturas del año, en vísperas de que concluya la actual administración estatal, el balance -como era de esperarse en lo que muchos consideran el peor sexenio que ha vivido Morelos- es negativo en todos sentidos. No hay crecimiento económico, no hay inversión, los negocios cierran, predomina el empleo informal y hasta la infraestructura estatal ha visto mejores tiempos.
Los datos de la generación y pérdida de empleos que aporta el Instituto Mexicano del Seguro Social -a quien se debe cotizar cada plaza laboral formal- hablan prácticamente de una recesión laboral que deja a Morelos en una de las peores situaciones en la materia de las que ha vivido en décadas.
Desde luego se podrá argumentar que al principio de este sexenio las cosas no estaban del todo bien y eso es un hecho, como es cierto también que la administración de Blanco Bravo no hizo nada para remediar la situación, al contrario, permitió que factores perniciosos para el crecimiento económico como lo es la inseguridad y la impunidad crecieran cada día al grado de que cualquiera con una pistola puede extorsionar a su vecino sin que nadie le diga nada.
La creación de empleos es uno de los pilares fundamentales de un gobierno eficaz, que responda a las necesidades de sus gobernados a quienes siempre será mejor ofrecerles oportunidades de desarrollo personal que hacerlos objeto de dádivas que no solucionan la realidad económica de nadie. Los empleos tienen un impacto directo en el bienestar de la población y en la estabilidad económica del estado, es por eso por lo que los gobiernos exitosos a nivel mundial han implementado políticas que fomentan la inversión, la innovación y la educación, creando así un círculo virtuoso para la creación de empleos.
En ese sentido, la seguridad y el combate a la impunidad son aspectos fundamentales también pues están intrínsecamente relacionados con la estabilidad social y política, e influyen directamente en el desarrollo económico y la creación de empleos. Un entorno seguro y justo es indispensable para que las políticas públicas tengan un impacto positivo y duradero en la sociedad. La seguridad es una necesidad básica y su garantía es una de las principales responsabilidades de cualquier gobierno. Un entorno seguro facilita la atracción de inversiones, promueve el turismo y permite que las empresas operen sin temor a robos, extorsiones o violencia.
Cuando los ciudadanos se sienten seguros, son más propensos a participar activamente en la economía, lo que a su vez contribuye al crecimiento económico y la creación de fuentes de trabajo.
Es cierto, el gobierno de Blanco no trajo a los secuestradores, ni a los extorsionadores ni habrá fomentado voluntariamente la desaparición de empleos pero, al parecer, perdió la brújula desde el inicio y se sentó a esperar que los problemas se solucionaran solos y así simplemente no funcionan los gobiernos.