Por mejores estrategias de comunicación y convencimiento que se busquen, el cobro de impuestos nunca es popular; sin embargo, las contribuciones son siempre necesarias para la dotación de servicios públicos y las acciones que el gobierno realiza para combatir la pobreza, garantizar la justicia y mejorar las condiciones de vida, especialmente de las poblaciones más vulnerables.
Por supuesto que después de por lo menos un sexenio de abandono prácticamente total de la función del gobierno estatal, con el deterioro consecuente de la seguridad pública, el acceso a la justicia, los servicios públicos básicos, y el aumento constante de las condiciones de pobreza de los morelenses y sus gobiernos; dos situaciones resultan más que evidentes; primero que el gobierno de Morelos requiere mayores ingresos para garantizar su funcionamiento y desplegar todos los programas de apoyo social y fomento económico que se ha proyectado la administración de Margarita González Saravia; y segundo, que los morelenses difícilmente aceptarán el incremento a los impuestos locales existentes y la creación de nuevas contribuciones incondicionalmente; es decir, el Ejecutivo y Legislativo tendrán que plantear en conjunto las alternativas para que el golpe a los contribuyentes sea el menor posible, que resulte justo en términos de distribución entre los sectores productivos, que sea manejado con transparencia y honestidad, y que se recuperen los muchos millones que se perdieron en el pasado por casos de corrupción cuya sanción está en trámite o de plano se omitió.
Porque la gente puede entender la necesidad de que el gobierno de Morelos fortalezca sus ingresos, pero la clase política también está obligada a comprender y empatizar con la ciudadanía morelense después de las gravísimas afrentas que por más de dos sexenios ha sufrido con funcionarios y gobernantes que se vuelven millonarios en el ejercicio público por cientos de rutas de corrupción y por convenientes (para ellos) omisiones permisibles en la función pública.
Parte de la socialización de estos nuevos impuestos deberá pasar por el esquema que el Ejecutivo tiene para el ejercicio transparente, honesto, racional y eficiente de los recursos que obtenga por ellos, y en general de todos los recursos que ejerzan el Ejecutivo, y el resto de los entes del gobierno, incluidos los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos.
Porque si elevar la recaudación es uno de los urgentes pendientes del Estado en Morelos, recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la transparencia, y ejercer los recursos con eficiencia y honestidad, son asuntos igual de inaplazables.
Los nuevos impuestos significarán un sacrificio mayor para los contribuyentes sólo si no se generan las condiciones necesarias para el crecimiento económico, y ello implica la mejora de la seguridad, de la infraestructura y de los servicios públicos de forma eficiente; y en esto, la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia, deberá de acelerar los proyectos que tiene para que el impacto de la nueva carga fiscal pueda ser absorbido con creces con un mayor consumo, mejores salarios, ingresos más estimulantes para el empresariado, y la posibilidad de que todos los morelenses generen riqueza suficiente para tener un mejor estado.
Las cuatro semanas siguientes la discusión tendrá que girar sobre estos temas para mejorar la economía de los morelenses como condición necesaria y urgente para apuntalar la recaudación.
