Un error que ha resultado frecuente en el diseño de los presupuestos y las tareas de la administración pública fue el de pensar que a mayor gasto tendrían que darse mejores resultados.
La administración del exgobernador, Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, aumentó desde 2021 en más de 40% el presupuesto para la Fiscalía General de Morelos que llevó de 738.5 millones de pesos a mil 39 millones; en el mismo periodo la extinta Comisión Estatal de Seguridad Pública recibió también aumentos sustanciales en su presupuesto, que llegó en 2024 a más de mil 703 millones de pesos. Los resultados fueron terribles, la violencia y el crimen en Morelos aumentaron hasta ubicar a la entidad como uno de los estados más violentos y con mayores índices de impunidad en el país. Menos de uno de cada cien delitos denunciados en el estado se castigan y esa impunidad favoreció el incremento de más de 80% en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, la extorsión y el feminicidio.
Los incrementos en el presupuesto de la fiscalía y la comisión, no se vieron reflejados en los resultados y sólo un poco en las mejoras a la calidad de vida de los policías de Morelos, los responsables directos del combate a la delincuencia y la prevención de actividades criminales. Las sospechas de desvíos de recursos en la extinta Comisión Estatal de Seguridad Pública se fortalecieron con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el uso irregular del financiamiento federal; y las de ineptitud de una Fiscalía que, a pesar de tener muchos más recursos, no redujo ni un poco los niveles de impunidad criminal en el estado.
La apuesta de incrementar el gasto en seguridad y procuración de justicia en más de 35% que hace la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia para el 2025, estaría definitivamente condenada al fracaso si no se acompañara por algunos cambios que ya han iniciado y son esperanzadores.
Primero, el aumento en los salarios base de las policías, que no solo estimularía la labor de los elementos, sino también favorecería el reclutamiento de elementos para acabar con el déficit en el estado de fuerza policial.
Segundo, una mejor coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, para la prevención y el combate de los delitos y la violencia en todo el estado. Este acoplamiento entre mandos policiales y de seguridad se puede dar gracias a un Ejecutivo estatal que tiene como estilo el diálogo, la búsqueda de consensos y la construcción de tareas en torno a objetivos comunes.
Tercero, la reestructuración de la Fiscalía, una de las tareas que se enfrentarán en los próximos meses, que tiene como meta la eficiencia en las tareas de investigación de delitos, procesamiento de las indagatorias y captura y puesta a disposición de presuntos responsables bajo procesos legales y respetuosos de los derechos humanos.
Y cuarto, orientar otras acciones de las dependencias gubernamentales a contribuir con la pacificación del estado, como programas de fomento al empleo, ampliación de cobertura educativa, recuperación de espacios públicos, capacitación para identificar y erradicar riesgos criminales, fortalecimiento del registro y control vehicular, entre muchos otros que, sin cargo al presupuesto de seguridad pública y procuración de justicia, pueden disminuir las condiciones criminógenas y contribuir con ello a reducir los índices delictivos.
Con estos cambios en la estrategia de seguridad para el estado, el aumento de gasto que se programa para el sector de seguridad y procuración de justicia puede resultar exitoso, a diferencia de los anteriores presupuestos en que solo se entregaban recursos en la creencia de que eso traería mejores resultados, o la indolencia total por el fracaso de la estrategia de seguridad.