Las imágenes de políticos posando con presuntos delincuentes, de funcionarios aprehendidos por delitos diversos, de los miles de homicidios y cientos de feminicidios, de los motines y el hacinamiento en los penales de Morelos, de autoridades aisladas por su indolencia, son un buen collage para ilustrar la terrible crisis que en Morelos vive el Estado de Derecho, esa condición fundamental para la convivencia y la solución pacífica de conflictos entre particulares y con las autoridades.
El World Justice Project (WPJ) tiene la que probablemente resulte la mejor medición sobre la aplicación de la justicia en las naciones, los estados y las regiones. Su Índice del Estado de Derecho es un ejercicio en que se consulta a la población y a los expertos para analizar, a partir de ocho factores, qué tanto se respeta la ley, en este caso, en Morelos y el resto de los estados de la República.
Los resultados para Morelos vuelven a ser espantosos, lo que no debería sorprender a nadie que conozca algo de la historia reciente del estado, una llena de enconos, conflictos, enfrentamientos e indolencia de autoridades que, por cuidar el pequeño espacio de poder que ocupan, parecen haberse olvidado de para qué llegaron al servicio público.
La erosión de las instituciones en el estado no es nueva, el WPJ inició su medición en el 2018 y ubicaba al estado en el lugar 26 del país; pero los morelenses saben que el deterioro de la justicia en el estado comenzó mucho antes, por lo menos desde el sexenio de Graco Ramírez Garrido Abreu, aunque sin duda se agravó y esperemos que haya tocado fondo, bajo la administración de Cuauhtémoc Blanco.
La ruptura de la política, y los enfrentamientos intestinos que vivió por años el Legislativo, y ahora padece el Judicial, más los que han sido característica de este sexenio entre los tres poderes del estado, las fiscalías y otros órganos autónomos; han servido no sólo para detener las posibilidades de desarrollo del estado; sino, y esto es mucho más grave, también para comprometer la función elemental del Estado, esa por la que la ciudadanía está dispuesta a someterse a un mando: la seguridad y el respeto a las leyes que protegen cada uno de sus derechos.
Los nombres de los autores del desastre son muchos y probablemente cada uno sea verdaderamente impresentable, justo para desterrar a cada uno de ellos fue que la ciudadanía votó el 2 de junio, dejando una tarea titánica a quienes hoy integrarán el Congreso del Estado, los Ayuntamientos y el Poder Ejecutivo. Porque, aunque la vara es muy baja para la comparación con esos a quienes van a suceder, no lo es respecto de las aspiraciones y urgencias de los morelenses, con quienes el Estado mantiene una deuda enorme en materia de seguridad, justicia, derecho, honestidad y hasta decencia.
Hay quienes quisieran que su gobierno fuera evaluado por las cosas que presumen haber hecho bien. Lo cierto es que la obra pública no es sustituta de las necesidades de una sociedad que anhela vivir en paz, con seguridad, justicia, dignidad; componentes todos de la elemental decencia política que esperamos llegue ya a Morelos.
Los datos del WPJ sirven de guía para la ruta que los regidores, síndicos, alcaldes, legisladores, los magistrados y la gobernadora deberán emprender en la recuperación institucional de Morelos, una que debe empezar tan pronto asuma la nueva legislatura.