Un nuevo amparo, este a favor de una ginecóloga morelense a quien se evitaría ser sancionada por practicar interrupciones voluntarias del embarazo, fortalece el criterio de que los artículos del Código Penal para el estado de Morelos que criminalizan a las mujeres que deciden abortar y a quienes les asistan en ello, contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al negar a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y su futuro.
Este es el tercer recurso de amparo que establece la inconstitucionalidad de los artículos 115, 116 y 117 del código local que señalan el primero sanciones de hasta cinco años de prisión a quienes interrumpan la concepción en cualquier momento del embarazo con el consentimiento de la gestante, además de la inhabilitación de la profesión para médicos, cirujanos, comadronas o parteras. Por lo menos uno de los amparos, concedido a diversas mujeres que pedían se garantizara su derecho a decidir, vinculó al Congreso de Morelos para, desde octubre pasado, derogar los artículos, algo que no ha hecho.
El nuevo amparo significa una nueva medida de presión para la LVI Legislatura del estado, que se ha negado sistemáticamente a siquiera discutir el tema de la despenalización, aún cuando tiene por lo menos dos iniciativas de ley para el aborto seguro en la “congeladora” legislativa, y un mandato judicial para no debatir, sino derogar los artículos violatorios de la Constitución.
Las evasivas del Congreso derivan de la imposibilidad de los grupos y fracciones parlamentarias para construir la mayoría de 14 votos, tienen seis, con la que podría determinarse la derogación exigida por el juez. Es decir, catorce de los legisladores votarían en contra de la despenalización, lo que significa llanamente negar a las mujeres el derecho a decidir.
Llama la atención que, de octubre pasado, cuando se recibió la primera notificación de la sentencia de parte del juzgado noveno de distrito, hasta ahora, el apoyo a la despenalización en lugar de crecer parece haber menguado. De un cálculo inicial de una decena de diputadas y diputados que habrían insinuado entonces su apoyo a la iniciativa de ley de aborto seguro, quedan solo seis en el último conteo.
Mucho más llamativo es que, cuando por primera vez en años el Ejecutivo se ha pronunciado sobre el tema: la gobernadora, Margarita González Saravia ha señalado la impertinencia de castigar a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos, y la Secretaría de las Mujeres del gobierno estatal apoya decididamente la despenalización, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso, no logra juntar más que dos o tres votos por la despenalización.
Otros asuntos menos relevantes para los derechos humanos, y particularmente los de las mujeres, y aparentemente más complicados en materia jurídica y política, como la reforma judicial, el presupuesto para el gobierno estatal, la ley orgánica de la administración pública, hayan logrado la incuestionable unanimidad; mientras que el derecho de las mujeres no consigue siquiera una mayoría simple (que aún sería insuficiente para la derogación pero daría evidencia de una legislatura más comprometida con las causas de las mujeres).
Mientras se sigue aplazando la obligada derogación queda claro que el discurso por la paridad, la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres en el Legislativo es sólo parte de una retórica que poco del fondo resuelve. Sin aborto legal, tienen razón las feministas, el discurso de la igualdad es pura fantasía.
