Además de las deudas que la administración de Cuauhtémoc Blanco tiene con la población del estado que se supone gobernó durante casi seis años y que evidencian el descuido y la indolencia del mandatario y su funcionariado en materia de seguridad pública, desarrollo económico y social, educación, salud, medio ambiente y otros; la noticia hoy es que junto con esa colección de rezagos y fallas, el gobernador heredará prácticamente el mismo monto de deuda que recibió en el 2018, además de una cantidad récord de observaciones no atendidas por completo hechas por la Auditoría Superior de la Federación a las cuentas públicas de 2018 a 2023, ninguna de ellas totalmente solventadas.
No es que el gabinete de Cuauhtémoc Blanco pudiera presumir de éxitos siquiera medianos en cualquiera de sus áreas de atención a la ciudadanía, pero por lo menos la gente tenía el falso consuelo de que las finanzas públicas no serían el desastre que muchos opositores denunciaban desde hace muchos meses. Resulta ahora que lo falso fue el mentís que el Ejecutivo lanzó a sus críticos cuando aseguraba que las observaciones eran menores y serían atendidas. Ahora el secretario de Hacienda, Gerardo López Huérfano reconoce no solo que las observaciones por poco más de tres mil millones de pesos a la administración de Cuauhtémoc Blanco existen, sino también que no han sido solventadas por lo que muy probablemente se dejen como pendientes al gabinete que encabezará la gobernadora electa, Margarita González Saravia, a partir de 1 de octubre. El equipo de Blanco, ya mucho más en la idea de irse que en la de resolver algo, dejará de herencia la deuda de Graco Ramírez, la propia y la que pudiera determinarse como daño definitivo al erario una vez que cierren los periodos de solventación de los procedimientos federales. Un campo minado que hace dudar no solo de la simpatia entre el gobierno saliente y el entrante, sino, y mucho más de la decencia política de todos los que se van que, según parece solo atinaron a asegurar la partida para sus liquidaciones.
Debería haber todo un capítulo de sanciones administrativas y penales para este tipo de conductas, y si las hay, apresurarse a aplicarlas. Eso puede ser clave para que la nueva administración inicie sorteando las miles de trampas que se le han dejado en el camino.
