La situación de la seguridad en nuestro estado, ya se sabe, pasa por la persecución de los delitos y su castigo real. La criminalidad no se frena con discursos ni buenas intenciones. Lo ideal sería que quien se arriesgue a violentar la ley o atentar contra la vida o propiedad ajena reciba el castigo que merece.
Desde hace lustros nuestro país y Morelos han visto azorados el avance del crimen organizado y a bandas criminales cada vez más fuertes, tanto que ahora poseen armas tácticas para enfrentar al Ejército. Su poder económico también es de cuidado y tiene largo alcance. La reciente operación “Enjambre” en el Estado de México demuestra lo susceptibles que pueden ser incluso las autoridades electas a no resistirse a extorsiones y sobornos.
Además de lo anterior, también padecemos de manera permanente a los delincuentes de oportunidad, aquellos que solos o en compañía, desvalijan autos, vacían casas, asaltan transeúntes o extorsionan comercios y, más allá, están los homicidas, feminicidas, secuestradores y narcomenudistas y todos comparten una certeza: que no se les va a perseguir y que la gran mayoría de las víctimas tendrán que asumir solos sus pérdidas pues no hay nadie que vele por sus intereses y busque resarcir el daño. Ni siquiera legisladores o funcionarios municipales gozan de ese privilegio.
Y sin embargo, la Fiscalía General del Estado se ha convertido en una caja negra en donde entran millones de pesos y no sale casi nada. Bastan dos datos del INEGI: más del 60 por ciento de las “investigaciones” que realiza no concluyen en nada y, en Morelos la cifra negra de delitos sin denuncia por falta de confianza en las instituciones asciende también al 60 por ciento. Vaya, ni siquiera ha invertido en una plataforma de denuncia digital según la investigación de la organización Impunidad Cero, que colocó a la FGE en uno de los últimos sitios a nivel nacional en esta materia, lugar que ocupa en muchos comparativos realizados por diversas asociaciones, como se puede corroborar en el reportaje de Daniel Martínez, un poco más adelante.
Y, a pesar de todo, el presupuesto de la Fiscalía sigue creciendo. Desde luego, se vería muy mal que, en las condiciones en las que estamos, el Ejecutivo o la Cámara de Diputados escatimaran los fondos para combatir la inseguridad, pero, como se ve, el presupuesto a la Fiscalía es a fondo perdido pues los crímenes siguen en aumento y nadie se siente más seguro.
La delincuencia que hace tan inseguro a nuestro estado debe atacarse desde diversos niveles, desde la policía municipal hasta el Ejército y la Guardia Nacional, pero los esfuerzos de todos ellos -muy atareados en la flagrancia- deben estar acompañados por un proceso profesional de investigación y persecución, un engrane vital que a todas luces falla en nuestro estado.
