Todo apunta a que el primer funcionario de la administración de Cuauhtémoc Blanco que deberá rendir cuentas a la justicia será Omar Taboada Nasser, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario quien, en paralelo a ya estar bajo investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, indagatorias a las que ya se sumó el gobierno de Morelos, decidió no asistir a entregar su oficina, lo que le hizo acreedor a la primera de las actas negativas en el proceso de transición.
Taboada Nasser no era una persona cualquiera en la administración de Cuauhtémoc Blanco, fue uno de los operadores políticos del gobernador, y su hermano Ulises Bravo, primero en el Partido Encuentro Social y después en Morena, y era señalado por los productores agropecuarios de Morelos, primero por el uso electoral que pretendía dar a los programas de apoyo al campo, y después simplemente por la retención injustificada de éstos. Las denuncias parecen haberse confirmado con los cateos a domicilios y bodegas cuya propiedad sería de sus familiares o del propio exfuncionario.
La secretaria de la Contraloría, Alejandra Pani Barragán ya adelantó que los apoyos retenidos aparentemente provienen de programas federales de apoyo al campo, pero que en el plano local podrían hacerse observaciones sobre la conducta particular del funcionario que los retuvo, además de otros asuntos que pudieran surgir en el transcurso de la revisión que se hará a la dependencia.
El caso de Sedagro es el primero, pero seguramente, no el único en que la administración de Margarita González Saravia tendrá que intervenir para interponer denuncias penales por corrupción o dar seguimiento a las previamente presentadas por ciudadanos afectados. Por ello es una gran señal que de inmediato funcionarios al mando del nuevo gobierno en Morelos se hayan coordinado con la Fiscalía Anticorrupción de Juan Salazar Núñez para operar en territorio y agilizar las pesquisas.
Habrá, seguramente, otros muchos casos en que la colaboración en todos los niveles se requiera. Las denuncias sobre malos manejos en la anterior administración abundan, en la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, la ya extinta Secretaría de Movilidad y Transporte, el Instituto de la Educación Básica, la secretaría de Gobierno (específicamente en las patentes de notarías públicas), la Comisión Estatal del Agua, la Coordinación de Comunicación Social, la mayoría de ellas ya con denuncias previas cuyas indagatorias fueron obstaculizadas por la administración anterior.
La colaboración entre el Ejecutivo y la Fiscalía Anticorrupción, podría ayudar a acabar con la enorme impunidad que se había permitido a los servidores públicos y que, si bien ha venido en descenso en los últimos seis años, puede disminuirse enormemente con la cooperación de un gobierno decidido a erradicar y castigar la corrupción. Además, la apertura que muestra la administración de Margarita González Saravia para colaborar con las investigaciones puede reducir mucho los tiempos que éstas duran y agilizar los procesos sancionatorios.
Nos queda esperar que las investigaciones y sanciones que de ellas pudieran derivar lleguen a buen puerto y se conviertan en ejemplos del combate a la corrupción, el mayor reto hacia dentro de la administración pública.