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Para nadie es noticia que la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo en Morelos tuvo deficiencias graves derivadas del abandono en prácticamente todos los sectores de la administración pública; pero ninguna de las ineptitudes del gobierno estatal en el sexenio que concluyó el pasado septiembre fue tan grave, ominoso, y lesivo para los morelenses como la que dominó la Comisión Estatal de Seguridad Pública, instancia que contribuyó a la enorme crisis de violencia y vulnerabilidad cuyos efectos aún se perciben casi todos los días en las calles y plazas, y hasta en los domicilios de las comunidades, pueblos y ciudades de Morelos.

La de Blanco Bravo fue una administración que ganó la gubernatura con una campaña que tenía como eje fundamental la recuperación de la seguridad, después de una mediocre gestión en la administración de su antecesor, Graco Ramírez; pero la que entre 2018 y 2024 tuvo como mando policiaco a José Ortiz Guaneros fue aún peor.

Las cifras son más que evidentes, durante todo el sexenio se cometieron alrededor de siete mil homicidios dolosos en el estado; las desapariciones forzadas, lesiones dolosas, feminicidios, secuestros, robos (de casa, de vehículos, a negocios, al transporte público, de maquinaria y ganado, alcanzaron cifras récord. Incluso la violencia intrafamiliar se dejó crecer a niveles que generaron ambientes de disolución familiar grave. En contraste, descendieron las detenciones en flagrancia, miles de delitos se mantienen en la impunidad sin tener abierta siquiera una carpeta de investigación, se privilegió el conflicto político entre las dependencias responsables de la seguridad y la procuración de justicia antes que la protección a la ciudadanía.

Por eso la pacificación y la seguridad pública continúan como la mayor preocupación entre las muchas que tienen los morelenses; algo que fue bien leído desde su campaña por la gobernadora, Margarita González Saravia, quien se dedicó a trazar junto con especialistas y grupos sociales una nueva estrategia de seguridad que, si bien se alinea con la nacional, tiene elementos propios construidos a partir del conocimiento particular en las regiones. Se trata de una estrategia fundada en las ventajas que ofrecen las herramientas tecnológicas, la investigación e inteligencia, la coordinación con autoridades municipales, federales y con la ciudadanía.

Para lograrla, desde su diseño, la gobernadora determinó crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y trajo a uno de los especialistas más reconocidos en cada uno de los ejes, Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien no llegó a Morelos con la etiqueta de superpolicía, pero sí con la experiencia, conocimiento y habilidades suficientes para implementar, desde los primeros días de su encargo, un método de mando diferente cuyos efectos empiezan a notarse en la reducción paulatina de la violencia y los índices delictivos en el estado.

Por supuesto que falta mucho por hacer, especialmente porque durante la última docena de años poco se había atendido la seguridad pública, pero los primeros pasos se han dado con firmeza y resolución. Ya hay detenciones en flagrancia; se ha modernizado y rehabilitado el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) al que se ha dotado de tecnología; se avanza en la construcción de centros espejo para mejorar la videovigilancia; se sanciona a quienes traicionan desde la policía la confianza ciudadana; la coordinación con los ayuntamientos se ha recuperado y funciona eficientemente; la dignificación del trabajo policiaco ha iniciado y es una buena herramienta para favorecer el reclutamiento y abatir el déficit en el estado de fuerza; se atienden las causas del delito en coordinación con las secretarías de Educación y de Cultura, y con el Instituto del Deporte; se recuperan los espacios públicos; habrá cambios jurídicos que darán a la policía estatal facultades de investigación de delitos, y prohibirán el uso de permisos de conducir foráneos e irregulares; y se trabaja en la recuperación de la confianza ciudadana para fomentar su participación en la construcción de la paz.

Las cifras de índices delictivos han empezado a disminuir, lo que parece indicar que el camino trazado es el correcto; pero, además se enriquece con la capacidad que ofrece el trabajo de inteligencia para realizar los ajustes necesarios a una estrategia en la que, a final de cuentas, participamos todos.

La Jornada Morelos