A finales de la administración de Graco Ramírez Garrido en el gobierno de Morelos, los indicadores, la percepción ciudadana y los resultados electorales evidenciaban el desastre provocado por el que se presumía (para muchos de forma mentirosa) como “el primer gobierno de izquierda”; pocos pensaron que aún faltaba al estado hundirse más para tocar fondo, pero en una suerte de perverso servicio social, Cuauhtémoc Blanco Bravo y sus copartícipes, lograron deteriorar aún más al estado y sus instituciones.
En materia de corrupción, la impunidad y la continuación de prácticas deshonestas en los poderes Ejecutivo y Legislativo, que era notoria con Graco Ramírez y siguió con Cuauhtémoc Blanco, se profundizó en las instituciones de seguridad y se extendió al poder Judicial. Facilitó esas conductas, por cierto, el debilitamiento de los organismos de control (contralorías y auditorías), progresivamente desmanteladas o hechas a un lado al grado de tener un Sistema Estatal Anticorrupción totalmente inoperante.
Y si bien hablar de corrupción en Morelos puede parecer un tema viejo y que afectaría a la ciudadanía solo en la mucho menos disponibilidad de recursos para programas sociales y obra pública, rubros que fueron prácticamente cancelados durante la administración de Cuauhtémoc Blanco; lo cierto es que las afectaciones a la ciudadanía fueron mucho mayores e impactaron incluso a las garantías individuales.
El Índice del Estado de Derecho, preparado por el World Justice Project cada año desde 2018, muestra con datos duros e indicadores serios que después del mal gobierno de Graco Ramírez Garrido podía haber algo peor. El deterioro de la protección a los derechos fundamentales, una de las misiones fundamentales del Estado, afecta al debido proceso legal, al derecho a la privacidad, y también ha provocado un aumento en los casos de discriminación por cualquier condición. El derecho laboral también fue lesionado hasta dejarlo caso inexistente.
La administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos generó múltiples crisis, y la intervención de sus colaboradores formales o no en el Poder Judicial también sirvió para deteriorarlo al grado de disminuir su efectividad como contrapeso y las sanciones por abusos de poder; no respetar los derechos de las víctimas; favorecer la corrupción y parcialidad en la justicia civil y en la penal.
En el Poder Judicial, las administraciones parcialmente buenas de las magistradas, Nadia Luz Lara Chávez (2012 a 2016) y María del Carmen Verónica Cuevas López (2016-2018); fueron prácticamente borradas por las de Rubén Jasso Díaz hasta mayo del 2022, y luego de Jorge Gamboa Olea, desde esa fecha a la actualidad. Si bien es cierto que el acceso a la justicia civil siguió siendo igual de difícil y burocrática, el deterioro fue notorio en materia de corrupción, de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, de respeto a los derechos de las víctimas, y hasta de los debidos procesos legales, según muestra el historial de indicadores del Índice del Estado de Derecho.
Al deterioro judicial contribuyen también todos los días; los enfrentamientos de poder al interior del Tribunal Superior de Justicia; la designación de magistrados y jueces por intereses políticos y de facción más que por su capacidad y preparación; la constante de corrupción y parcialidad en las determinaciones de los juzgadores en materia civil que convierten a las víctimas en agresoras; la incapacidad probada de la Fiscalía General del Estado para lograr investigaciones penales ineficaces; y un sistema penitenciario corrupto y violador constante de los derechos humanos.
Estábamos mal, y luego estuvimos peor; tocará a los nuevos titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial (al que urge un relevo), corregir el escenario. El reporte del WPJ constituye una buena ruta para ello.