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A finales de la administración de Graco Ramírez Garrido en el gobierno de Morelos, los indicadores, la percepción ciudadana y los resultados electorales evidenciaban el desastre provocado por el que se presumía (para muchos de forma mentirosa) como “el primer gobierno de izquierda”; pocos pensaron que aún faltaba al estado hundirse más para tocar fondo, pero en una suerte de perverso servicio social, Cuauhtémoc Blanco Bravo y sus copartícipes, lograron deteriorar aún más al estado y sus instituciones.

En materia de corrupción, la impunidad y la continuación de prácticas deshonestas en los poderes Ejecutivo y Legislativo, que era notoria con Graco Ramírez y siguió con Cuauhtémoc Blanco, se profundizó en las instituciones de seguridad y se extendió al poder Judicial. Facilitó esas conductas, por cierto, el debilitamiento de los organismos de control (contralorías y auditorías), progresivamente desmanteladas o hechas a un lado al grado de tener un Sistema Estatal Anticorrupción totalmente inoperante.

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Y si bien hablar de corrupción en Morelos puede parecer un tema viejo y que afectaría a la ciudadanía solo en la mucho menos disponibilidad de recursos para programas sociales y obra pública, rubros que fueron prácticamente cancelados durante la administración de Cuauhtémoc Blanco; lo cierto es que las afectaciones a la ciudadanía fueron mucho mayores e impactaron incluso a las garantías individuales.

El Índice del Estado de Derecho, preparado por el World Justice Project cada año desde 2018, muestra con datos duros e indicadores serios que después del mal gobierno de Graco Ramírez Garrido podía haber algo peor. El deterioro de la protección a los derechos fundamentales, una de las misiones fundamentales del Estado, afecta al debido proceso legal, al derecho a la privacidad, y también ha provocado un aumento en los casos de discriminación por cualquier condición. El derecho laboral también fue lesionado hasta dejarlo caso inexistente.

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La administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos generó múltiples crisis, y la intervención de sus colaboradores formales o no en el Poder Judicial también sirvió para deteriorarlo al grado de disminuir su efectividad como contrapeso y las sanciones por abusos de poder; no respetar los derechos de las víctimas; favorecer la corrupción y parcialidad en la justicia civil y en la penal.

En el Poder Judicial, las administraciones parcialmente buenas de las magistradas, Nadia Luz Lara Chávez (2012 a 2016) y María del Carmen Verónica Cuevas López (2016-2018); fueron prácticamente borradas por las de Rubén Jasso Díaz hasta mayo del 2022, y luego de Jorge Gamboa Olea, desde esa fecha a la actualidad. Si bien es cierto que el acceso a la justicia civil siguió siendo igual de difícil y burocrática, el deterioro fue notorio en materia de corrupción, de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, de respeto a los derechos de las víctimas, y hasta de los debidos procesos legales, según muestra el historial de indicadores del Índice del Estado de Derecho.

Al deterioro judicial contribuyen también todos los días; los enfrentamientos de poder al interior del Tribunal Superior de Justicia; la designación de magistrados y jueces por intereses políticos y de facción más que por su capacidad y preparación; la constante de corrupción y parcialidad en las determinaciones de los juzgadores en materia civil que convierten a las víctimas en agresoras; la incapacidad probada de la Fiscalía General del Estado para lograr investigaciones penales ineficaces; y un sistema penitenciario corrupto y violador constante de los derechos humanos.

Estábamos mal, y luego estuvimos peor; tocará a los nuevos titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial (al que urge un relevo), corregir el escenario. El reporte del WPJ constituye una buena ruta para ello.

La Jornada Morelos