Para quien no se ahoga puede dar lo mismo que otros estén minutos, horas o días más bajo el agua. Probablemente por ello parezca tan extraño al magistrado Luis Jorge Gamboa Olea la prisa que tienen abogados y justiciables porque se publique la reforma constitucional al Poder Judicial y con ello termine el caos, el rezago y el daño al estado de Derecho que se vive desde el inicio de la actual crisis de mando en el Tribunal Superior de Justicia, una que mientras él mismo contribuye a arreciar y mantener, mantiene a otros ahogados en el pantano en que se convirtieron muchos espacios del judicial en Morelos.
El presidente reconocido por instancias oficiales del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea comparó con “buitres” a quienes reclaman con todo derecho, el que vuelva la certeza al Poder Judicial que desde marzo pasado se mantiene en vilo con dos magistrados que se ostentan como presidentes cada uno con el respaldo de solo la mitad del pleno. Asegura también que el único interés de abogados y justiciables que demandan el orden en un poder que debe ser ejemplo de disciplina y apego a la ley, es la presidencia del Tribunal y no los beneficios futuros que la reforma traerá al fortalecimiento del Poder Judicial. Omite decir que para que cualquiera de esos beneficios inicie siquiera, se requiere la publicación del decreto de reforma, primero y después, la entrada en operación de la ley que incluye el nombramiento de un presidente temporal.
Ninguno de los reclamos que piden celeridad en la publicación ha omitido los beneficios probables que tendría la reforma para el sistema de administración de justicia en Morelos; pero sí tienen claro, todos ellos, que el primer paso es la oxigenación del Tribunal Superior de Justicia, que debe darse bajo un titular que no esté bajo sospecha y enfrentado con la mitad de los magistrados que integran el pleno.
La renovación en el Poder Judicial de Morelos es urgente no para repartir cuotas o para que ocupe la presidencia alguien que no la haya tenido antes, sino porque la entidad está entre los peores del país en sus sistemas de justicia civil y penal, después de un deterioro que ha llevado por lo menos seis años, y que se aceleró en los últimos dos; porque la percepción de corrupción en el Poder Judicial ha aumentado al grado de que menos de la mitad de los justiciables consideran legítimas las determinaciones de los juzgadores y magistrados; porque se han profundizado los problemas de atención y dilación de la justicia a pesar de que el Judicial ha gozado de incrementos presupuestales históricos; y porque una nueva presidencia temporal, y una nueva estructura del Judicial, ofrecen por lo menos una esperanza de que se atienda lo que dejaron de hacer Gamboa Olea y muchos de sus antecesores.
Resulta entonces arriesgado pensar que los reclamos de las organizaciones de abogados, que no pueden buscar la presidencia temporal porque el puesto correspondería solo a magistrados en funciones, tengan interés “en la silla”; y el calificativo de buitres entonces no sólo es excesivo, también resulta insultante y evidencia la personalidad de alguien que no está preparado ya para presidir la impartición de justicia en Morelos.
En efecto, urge la publicación de la reforma que se encuentra en revisión profunda por el Ejecutivo, pero solo porque ha quedado claro que sólo a través de ella podrá haber los cambios positivos que le urgen al Poder Judicial en Morelos.
