La idea de los gobiernos digitales como un medio para mejorar los servicios a la población, por una parte, y reducir al mínimo la posibilidad de corrupción en los trámites que la ciudadanía está obligada a hacer es un proyecto del que mucho se ha hablado en Morelos, pero en el que poco han creído los gobernantes y al que tampoco se le ha invertido mucho.
El término fue una moda en el discurso de los técnicos en los gobiernos la década pasada y luego se diluyó ante la falta de interés y compromiso del funcionariado público con el tema y hasta tal vez con algún interés de mantener enormes tramos de corrupción a través de las visitas a ventanillas de atención de los usuarios de casi todos los servicios públicos.
Al nombrar su gabinete administrativo la gobernadora electa, Margarita González Saravia, revivió el tema sin presumirlo de más. La selección de secretarias como Mirna Zavala, en Hacienda y Alejandra Pani en la Contraloría, y de Jorge Salazar en Administración, es parte de la evidencia del compromiso del próximo Ejecutivo morelense con la incorporación de nuevas tecnologías (que ahora ya no lo son tanto), en el ejercicio gubernamental. A ello habría que añadirle la incorporación de Samuel Rivera Muciño, experto en estos temas, como titular de la Agencia de Transformación Digital del gabinete para entender que el compromiso con la digitalización de los servicios del gobierno estatal va en serio y tendrá mucho mayor alcance que las líneas esbozadas a botepronto por la gobernadora en una breve conferencia de prensa.
La bancarización de los servicios para el transporte público, de las licitaciones de obras y servicios, del registro público de la propiedad, son una tarea enorme, pero también apenas el inicio de un sistema de control gubernamental más simple para la ciudadanía, que reducirá los costos de estar al corriente en las obligaciones, pero también la exposición de los usuarios a esquemas de corrupción permitidos y hasta fomentados históricamente por funcionarios sin escrúpulos. Los cuatro nombramientos en el área eminentemente administrativa realizados este miércoles por la gobernadora electa merecen atención porque apuntan a un cambio diametral en la concepción de la administración pública, uno que se le debía a los morelenses desde hace muchos años.
Mención aparte merece el nombramiento de la abogada y activista Adelaida Marcelino Mateos como titular del Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos; una instancia en la que se buscará la reivindicación y el empoderamiento de estos grupos, especialmente de sus mujeres. Se trata del inicio del pago de una añeja deuda con las minorías de Morelos que fueron invisibilizadas por los gobiernos, las instituciones y la sociedad, a través de la historia.
La abogada Marcelino Mateos es uno de los ejemplos más claros de defensa a las convicciones, y a la causa de defender a indígenas y afromexicanos. El nombramiento difícilmente es un premio, sino un nuevo espacio, ahora institucional para continuar con la misma lucha. Enhorabuena.