Si algo tuviera que reconocerse del periodo que terminó este viernes de Juan Salazar Núñez al frente de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos es que no faltaron los sobresaltos. El órgano de combate a las conductas indebidas de servidores públicos en el ejercicio de sus cargos fue de escándalo a escándalo durante la década que sirvió al frente de la responsabilidad.
Desde su primer nombramiento en el cargo (agosto de 2015), a Salazar Núñez lo acompañó la losa de haber sido antes consejero jurídico de la administración de Graco Ramírez Garrido, y después se fueron sucediendo los alborotos. No era solo un asunto de los intereses que tocaban las investigaciones que realizaba la Anticorrupción, también tendría que entenderse un contexto de aguda descomposición política en Morelos que comenzó en el periodo de Ramírez Garrido, pero se profundizó en el de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Esa descomposición provocó que más de un centenar de asuntos de mediano y alto perfil se mantuvieran impunes, parte por errores en la integración de carpetas de investigación, pero también por el favor que los jueces mostraban hacia decenas de acusados. Pese a las buenas intenciones y el eficiente diseño que durante muchos años se dio al órgano autónomo, al grado de conseguir la presidencia de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción; debe reconocerse que el periodo de Salazar Núñez estuvo dominado por la impunidad de servidores públicos a un grado que incluso parecía burlón, como la reciente determinación de un juzgador de no vincular a proceso al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario argumentando que en sus actos no hubo dolo y defectos en las periciales presentadas por el Ministerio Público.
Los aparatosos operativos y cateos a oficinas públicas realizados por los agentes anticorrupción de Morelos tuvieron rangos de efectividad sumamente bajos. Menos del 5% de las carpetas iniciadas por presuntos delitos cometidos por servidores públicos llegó a condenas y éstas fueron en su mayoría contra funcionarios con bajos niveles de responsabilidad, como policías y agentes de tránsito.
Con esos resultados, el órgano autónomo fue perdiendo la confianza de la población y hasta el temor de los funcionarios públicos contaminados por la corrupción que, por supuesto hay en varias partes de Morelos y fueron evidentemente abundantes en las administraciones de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco, pero también en decenas de ayuntamientos. De hecho, desde que existe la Fiscalía Anticorrupción, la percepción ciudadana sobre la deshonestidad en el servicio público en Morelos se ha casi generalizado y alcanza a todos los poderes y niveles de gobierno.
Con todo ello, la preparación de Salazar Núñez y su perfil le da aún para buscar éxitos profesionales en otros lugares. En su lugar ha quedado otro abogado con solvencia ética y académica, además de méritos de carrera suficientes para asumir un reto que se percibe como sumamente complejo, especialmente si se consideran las sospechas que hay sobre jueces que protegen a los funcionarios acusados de corrupción. Las habilidades de Díaz Rogel serán puestas a prueba todos los días, primero para resolver las decenas de casos pendientes y reconstruir la imagen del órgano autónomo y evitar que siga siendo percibido como otro símbolo de la impunidad en Morelos.
