La decisión que tomaron los magistrados Bertha Rendón Montealegre, Arturo Loza Flores y Juan Gabriel Vargas Téllez, con la que revocaron la sentencia absolutoria que un par de jueces decretaron a favor de un padre pederasta que abusó de su hija de cuatro años, difícilmente puede tomarse como el triunfo definitivo de la justicia en un Poder Judicial contaminado por la corrupción, la indolencia, la burocracia y las malas decisiones que mantienen altísimos niveles de impunidad especialmente con víctimas mujeres.
La justicia parcial y tardía que recibieron Giovanna Plata y la pequeña Gigi, tuvo que venir de un tribunal de apelaciones, pues los jueces que tomaron el caso, pese a las pruebas ofrecidas por la parte acusadora y los testimonios de la víctima, determinaron no creerle a la niña y le negaron así el acceso a la justicia. Giovanna Plata tuvo la energía y el tiempo suficientes para demandar justicia, acudió a todas las instancias que pudo con el único fin de que su hija fuera escuchada y se castigara a su agresor.
El caso de Giovanna y Gigi, desgraciadamente, no puede ser ejemplar. Cientos de mujeres morelenses víctimas esperan justicia para ellas y castigo a sus agresores. La violencia sexual, feminicida, vicaria, económica, psicológica que padecen todos los días las morelenses sigue impune entre una Fiscalía General ineficiente y juzgadores que prefieren ser cómplices de los victimarios que aplicar la ley con perspectiva de género o valorando el interés superior de la infancia.
La colección de fallas de los jueces no solo perpetúa la sospecha de corrupción que se ha vuelto componente de evaluación y crítica al Poder Judicial desde hace muchas décadas; también parece evidenciar la incapacidad del sistema judicial para entender las diferencias fundamentales entre las víctimas, aplicar la perspectiva de género, el interés de la infancia, la ampliación de derechos y otros principios necesarios para que el derecho cumpla con la esencia de ser justo.
Y tal evidencia es gravísima, porque muestra que la falla en el Poder Judicial es mucho más grave que la probable corrupción en sus juzgados, salas y pasillos. La corrupción es un fenómeno que puede identificarse y combatirse de forma más o menos sencilla. La ignorancia y la falta de perspectiva y sensibilidad de los juzgadores difícilmente es corregible.
La revisión que el Tribunal de Apelaciones hizo sobre el caso de Gigi, deriva de un acto de corrupción o de un error de criterio de los juzgadores. Cualquiera que fuera el origen, es muy probable que ese criterio equívoco o corrompido de los jueces se haya aplicado en muchos otros casos beneficiando a los agresores de víctimas mujeres o niños.
Eso ameritaría una revisión profunda de cientos de expedientes bajo una nueva perspectiva y el establecimiento de criterios de género y edad para que las pifias judiciales no se repitan, o sean menores. Entonces sí se podría hablar de un cambio a favor de las mujeres víctimas en el Poder Judicial de Morelos. Hasta entonces, una golondrina no hace verano.