Aunque la propuesta de Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el estado de Morelos, presentada por la diputada de Nueva Alianza, Ruth Rodríguez López, podría calificarse como redundante, al referir, definir y sancionar delitos que ya se incluyen en el Código Penal local, cumple una función importante, la de visibilizar un problema que desde hace unas décadas se ha extendido y mina el prestigio y autoridad de los miles de buenos trabajadores y trabajadoras de la educación.
En su ejercicio profesional, los docentes y administrativos que forman las comunidades escolares son, cada vez más, sujetos de escarnio especialmente mediático (a través de redes sociales), por acusaciones, a menudo infundadas, de parte de algunos padres de familia o hasta compañeros docentes, quienes lesionan sus derechos laborales y humanos. Las y los docentes víctimas de esas prácticas son suspendidos o removidos de los planteles a que estaban adscritos, reasignados a labores administrativas o reubicados en otros centros de trabajo (lo que afecta su condición laboral), pero también perseguidos por la estela de acusaciones que suelen mantenerse por varios años, minando su buen nombre y, en ocasiones, hasta su salud.
Los excesos cometidos por los acusadores, comúnmente originados de problemas personales en la relación de la víctima con algunos padres de familia o trabajadores, se convierten en una injusta marca contra los docentes y afectan la presunción de inocencia y el debido proceso generando presiones a las autoridades para fallar en contra del docente o buscar “conciliaciones” que lo afectan indebidamente.
La ley propuesta no sólo revitaliza las sanciones previstas en el Código Penal en contra de quienes hacen acusaciones o denuncias falsas, que contemplan de cuatro a ocho años de prisión, además de la multa respectiva. Adicionalmente, establece la obligación de garantizar la reparación del daño moral provocado al trabajador de la educación falsamente acusado y obliga a la autoridad educativa a una evaluación preliminar de las denuncias conforme a un protocolo estatal de atención a los casos.
Las denuncias falsas contra los docentes se concentran en presuntos malos tratos, acoso escolar y violencia psicológica a partir de situaciones que operan más en la percepción que en elementos objetivos, aún con ello, la autoridad educativa suele atenderlas con una carga en contra del trabajador.
Se trata de una problemática a la que todos parecen haber aportado, las comunidades de padres de familia con el excesivo uso de la denuncia contra los docentes que, de una posición reivindicatoria contra maestros que incurren en conductas criminales, se extendió a excesos reprobables; las directivas de los planteles y zonas escolares que permitieron el abandono de la construcción de relaciones positivas en las comunidades escolares; la autoridad educativa y el sindicato que por evitar un daño político dieron procedencia a cientos de casos en contra de maestros que sólo hicieron de forma quizá un poco más estricta su trabajo; y la sociedad que llegó a considerar que cualquier denuncia proveniente de los padres de familia o los estudiantes era una evidencia de culpabilidad.
Así que, con todo y la redundancia en sanciones, la ley propuesta puede ayudar a visibilizar un problema que se vuelve cada vez más grave, limita la autoridad del maestro y contamina de forma irreversible el entramado de la comunidad escolar, algo que, con los retos que tiene la educación en Morelos, debe considerarse inadmisible.
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En este número damos la bienvenida al equipo de la Secretaría de Cultura del gobierno del estado con el artículo “La cultura nos une: hacia un futuro compartido” de Montserrat Orellana, titular de esa dependencia; cada viernes aparecerán en estas páginas colaboraciones que, estamos seguros, enriquecerán el debate sobre esta materia, tan apreciada en nuestro estado. Enhorabuena.
