El conflicto por el poder en el Tribunal Superior de Justicia tuvo el efecto colateral de agilizar los trabajos que en el Congreso de Morelos se hacían para preparar, discutir y aprobar la reforma judicial local al forzar un doble consenso entre los grupos y fracciones parlamentarias: la urgencia de tener un ordenamiento que reorganizara definitivamente al Poder Judicial contribuyendo a una mejor impartición de justicia, y la convicción de que ninguno de los magistrados que se ostentan como presidentes garantiza condiciones que, sin afectar el funcionamiento de juzgados y salas, permitan la transición al nuevo sistema de justicia para Morelos.
No se trata de un juicio apresurado o una reacción a la erosión de la presidencia del Tribunal que empezó a ocurrir hace muchos meses, pero estalló apenas el 19 de marzo pasado, cuando un grupo de la mitad de los magistrados desconoció al presidente Luis Jorge Gamboa Olea, y nombró a Juan Gabriel Vargas Téllez. El asunto se revisó a fondo y se previeron las afectaciones a los justiciables y a la sociedad, y los escenarios posibles de continuación del conflicto tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo.
Al final, en el Legislativo se determinó la construcción de una reforma judicial constitucional con el acuerdo de todas las fuerzas políticas que incluyera también una solución inmediata a la crisis que ha paralizado al Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Si todo sale como está programado, a finales de la semana entrante habrá terminado el conflicto por la presidencia del Poder Judicial. Juan Gabriel Vargas Téllez y Luis Jorge Gamboa Olea quedarán en el cargo de magistrados solamente y se elegirá a alguien diferente para transitar hasta que haya sido implementada en su totalidad la reforma judicial.
La prisa por resolver el mando del tribunal no se ha comido la reflexión en torno a la reforma judicial, este jueves podría aprobarse el marco general, es decir la parte constitucional con transitorios que aclaren el tema de la presidencia del órgano. Posteriormente se irán revisando cada una de las leyes secundarias a fin de tener un proceso legislativo pulcro que resulte en un mejor sistema de justicia, lo que es el objetivo central de la reforma.
Justo el haber dividido la discusión de los temas inherentes a la reforma ofrece una mayor posibilidad para lograr su aprobación. No se trata, aún de aprobar el funcionamiento a detalle de cada una de las partes, procesos y alcances del Poder Judicial, sino de acordar un marco general constitucional que permita avanzar paulatinamente en discusiones más complicadas y que, por lo mismo, pueden generar algún disenso.
En términos generales, lo que deberá quedar listo esta semana son las fechas de la elección de los jueces y magistrados locales (en el 2027); la creación del Órgano de Administración del Poder Judicial, que sustituirá a la Junta de Administración y Vigilancia, y desde la que se operará cada fase de la reforma judicial local; la incorporación del principio de paridad en la integración del judicial y del lenguaje inclusivo en la norma; y los límites a la autoridad de quien preside el Poder Judicial; además de los artículos transitorios con los que establecerá el orden en el gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
La posibilidad de que toda la Legislatura respalde esta parte de la reforma judicial es alta, algo que se explica no solo por todos los trabajos previos sino por la convicción, en cada uno de los diputados y de las diputadas de que es urgente restablecer el orden en el sistema de justicia de Morelos.
